Ha pasado más de un año desde que el Gobierno de Mazatlán compró medicamentos por un monto de 19.6 millones de pesos y, hasta ahora, el pago sigue pendiente.

Sin fechas, sin procedimientos y sin una explicación concreta, esa indefinición, sostenida durante 12 meses, deja ver una preocupante falta de claridad administrativa frente al problema.

El adeudo se originó en 2024 y no fue cubierto antes del cierre del ejercicio fiscal, tampoco se integró una ADEFAS, el mecanismo legal previsto precisamente para estos casos.

Hoy, esa omisión se utiliza como argumento para explicar por qué no se puede pagar sin incurrir en una falta por dispersar recursos de ejercicios fiscales pasados.

El problema es que nadie explica por qué, en un año, no se ha corregido ese error.

Las autoridades municipales aseguran que el dinero existe y que las finanzas son sanas, pero al mismo tiempo admiten que el tema de los medicamentos sigue “en revisión”.

La contradicción es evidente, si el recurso está y la deuda es reconocida, ¿qué es exactamente lo que impide tomar una decisión? La respuesta parece ser una mezcla de desconocimiento y cautela excesiva.

Cuando la alcaldesa ha sido cuestionada, el tema se diluye entre discursos generales sobre estabilidad financiera, préstamos pagados y compromisos cumplidos.

Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y el proveedor espera, la deuda se mantiene y el riesgo de un conflicto legal aumenta.

En algún punto la paciencia se agotará y entonces el Ayuntamiento ya no solo tendrá que explicar por qué no pagó, sino por qué dejó crecer un problema que pudo resolverse con una decisión clara.

Decir que “se está viendo la manera” después de un año parece ser una confesión de desorden, lo que queda en evidencia no es un obstáculo técnico, sino una administración que navega sin rumbo frente a sus propias responsabilidades.