La reforma indica que ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos en entes paraestatales podrá exceder la mitad del salario presidencial, con algunas excepciones
Washington construye este caso legal como parte de su estrategia para influir en el gobierno venezolano; presionan a Delcy Rodríguez para detener a exfuncionarios y extraditarlos
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El fiscal Alejandro Gertz Manero respaldó la postura con su ya conocido tono inflexible. “Esa afirmación es falsa”, repitió una y otra vez, negando cualquier acuerdo con Washington sobre la liberación del general Salvador Cienfuegos. Insistió en que toda la documentación había sido publicada y que Estados Unidos nunca impugnó el cierre del caso en México. Sin embargo, la falta de una respuesta clara sobre la postura del Departamento de Justicia solo avivó más sospechas.
En esa mañanera, Claudia Sheinbaum perdió la paciencia. La presidenta cortó en seco a la reportera que la cuestionaba cuando insistió en la misma pregunta sobre el caso Cienfuegos. “Compañera, ayer se te contestó, hoy se contestó. Entonces, si vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez, y otra vez, y otra vez, se te va a contestar lo mismo, porque es la verdad. Nosotros no mentimos, es la verdad (...) No, no es la versión oficial. Es la verdad”.
Estados Unidos sigue espiando a México, pero ahora lo hace con total impunidad. El reconocimiento implícito del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dejó claro que Washington no necesita ingresar al espacio aéreo mexicano para obtener información. Los vuelos de vigilancia, realizados en la frontera y en aguas internacionales, están diseñados precisamente para eso: recopilar datos sin necesidad de solicitar permiso. Y lo más grave es que, aunque el Ejército mexicano admite desconocer qué tipo de información se obtiene, se aferra a la idea de que, si la hubiera, la recibirían por “confianza mutua”. “Pues no lo podemos descartar, porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional”, dijo Trevilla.
Que el exsenador Roberto Gil Zuarth va a vender cara su ya confirmada derrota en el proceso de selección de los aspirantes que irán a la boleta de la primera elección judicial, pues seguirá adelante con sus señalamientos contra el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presunto conflicto de interés como presidente del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.
El gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada, había propuesto un plan de ordenamiento del ambulantaje que parece haber quedado en el olvido pues, sobre todo en lo que respecta a la zona Centro de la ciudad, el comercio informal está desbordado. Vecinos y turistas se quejan de que cada vez es más difícil el tránsito por esta causa, pero resulta cada vez más complicado retirarlos sin violencia; además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido que no se criminalice al comercio informal, pues “son gente que se gana la vida”.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha emitido una serie de órdenes ejecutivas y proclamaciones que endurecen significativamente las políticas de inmigración en Estados Unidos. Un informe reciente del Congressional Research Service detalla que entre las medidas más controversiales se encuentra la proclamación “Garantizando la Protección de los Estados contra una Invasión”, firmada el 20 de enero de 2025, que suspende la entrada de migrantes en la frontera sur hasta que “la invasión haya cesado”.
Basada en la Cláusula de Garantía de la Constitución, esta acción ha generado un intenso debate legal sobre la interpretación del concepto de “invasión” y los límites del poder presidencial en materia migratoria. El impacto inmediato de estas medidas ya ha provocado una serie de demandas legales. El informe destaca que, el 3 de febrero de 2025, un grupo de organizaciones presentó una demanda argumentando que la proclamación de Trump viola leyes federales de inmigración y la separación de poderes. “El presidente ha sobrepasado su autoridad constitucional y está ignorando protecciones fundamentales establecidas en la ley”, señaló uno de los abogados de los demandantes.