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“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro: Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas (...) Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Entonces, esta es nuestra posición”, dijo ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras el castigo de EU a Intercam, CIBanco y Vector.
Por cierto, durante la conferencia matutina del 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum restringió las preguntas de los medios exclusivamente al tema de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, a pesar del interés de reporteros en abordar asuntos de seguridad, lavado de dinero y política exterior.
Cuando un periodista intentó consultar al gobernador de Tamaulipas sobre el clima de seguridad en su estado, Sheinbaum interrumpió: “No, ese es otro tema, no, no, no. Venimos a hablar sobre Polos de Bienestar”. La jefa del Ejecutivo sólo aceptó preguntas relacionadas con la inversión pública, impidiendo cuestionamientos sobre sanciones del Departamento del Tesoro, desapariciones forzadas o lluvias y espuma de aguas negras en Naucalpan, lo que marcó un cambio de tono respecto a ejercicios anteriores más abiertos.
El gobierno de Estados Unidos activa un nuevo sistema de sanciones económicas contra migrantes que no abandonen el país tras recibir una orden de deportación o entrada voluntaria. De acuerdo con la regla provisional publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), y firmada por funcionarios bajo la administración del presidente Donald Trump, se impone una multa de hasta 9 mil 970 dólares a quienes incumplan la salida voluntaria, y de 998 dólares por cada día de estancia ilegal tras una orden final de remoción. Esta medida, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, busca acelerar el proceso y aplicarse a gran escala.
Aunque la disposición no menciona países de origen, el impacto para México es inmediato: los mexicanos representan la nacionalidad más frecuente en los procesos de remoción en Estados Unidos. En 2024, más de 282 mil personas fueron objeto de órdenes finales de deportación, de las cuales el 90 por ciento no salieron del país, según el propio documento. La regla elimina la participación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y traslada las apelaciones al interior del DHS, acortando plazos, suprimiendo entrevistas presenciales y permitiendo notificaciones por correo ordinario.
Hablando de seguridad y reuniones con México. El Comando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM) alertó que las organizaciones criminales transnacionales con base en México continúan amenazando la soberanía y la integridad territorial de Estados Unidos mediante la producción y el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como la facilitación de migración masiva no autorizada hacia la frontera sur.
Hay que recordar que en su informe ante el Congreso, el general Gregory Guillot advirtió que la violencia vinculada al narcotráfico se ha intensificado en los últimos años, con cárteles rivales disputándose rutas de alto valor para el contrabando de drogas y migrantes, y mostrando una creciente disposición a enfrentar directamente a las fuerzas de seguridad mexicanas, lo que —señaló— eleva el riesgo de que esa violencia se desborde hacia territorio estadounidense. Esto nos lo comentan en el marco de las reuniones con los militares mexicanos que se anunció ayer.
