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Más pronto que tarde se comenzó a hacer realidad el control que tendrá ahora el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre la Fiscalía General de la República, que ahora lleva Ernestina Godoy. Este fin de semana comenzaron a integrarse a la FGR colaboradores cercanos del jefe policial, específicamente hablamos de los cambios en la Agencia de Investigación Criminal y en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, posiciones a las que llegaron Héctor Elizalde y César Oliveros respectivamente.
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 1 de diciembre de 2025, Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de inteligencia e investigación bajo el mando de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, a través de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), que tendrá a su cargo planear y ejecutar operaciones especiales para identificar y capturar generadores de violencia, atender incidentes que pongan en riesgo a la población y a servidores públicos, coordinar entrenamientos y acciones conjuntas con otras corporaciones de seguridad, articular la colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno e instancias internacionales y garantizar el cumplimiento de mandatos ministeriales y judiciales.
Joaquín Guzmán López, El Güero, hijo de El Chapo, se convirtió en el símbolo de la traición dentro del Cártel de Sinaloa. Ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en una corte federal de Chicago, se declaró culpable de dos delitos de narcotráfico y empresa criminal continua, reconoció que durante años supervisó el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos y admitió que en julio de 2024 engañó, secuestró y entregó a Ismael El Mayo Zambada —cofundador del cártel y antiguo socio de su padre— a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, donde fue subido sedado a un avión privado.
Para 2019, la radiografía de Lantia Consultores contenida en los Guacamaya Leaks mostraba que el antiguo imperio de los Beltrán Leyva ya sólo sobrevivía en 10 fragmentos enfrentados entre sí en 13 estados, y que el de mayor peso era la familia Meza Flores: un clan encabezado por Fausto Isidro Meza, “Chapo Isidro”, asociado con los Ruelas Torres y colocado al frente de las células de La Oficina y Los Mazatlecos, con presencia en Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Ese mapa lo retrata como heredero directo de la estructura de Beltrán y como uno de los pocos jefes regionales capaces de mantener una organización con mando, logística y dinero suficiente para disputar territorios completos en el noroeste.
Cinco años después, los partes oficiales confirman que aquel personaje se convirtió en actor central de la era del fentanilo. En diciembre de 2024, Marina, Sedena y la Guardia Nacional aseguraron en Ahome y Los Mochis más de una tonelada de pastillas y precursores, valorados en miles de millones de pesos, en bodegas y un laboratorio vinculados al Cártel de Guasave y a una célula encabezada por Pedro Inzunza Coronel, “El Pichón”, el subordinado de “Chapo Isidro” que fue abatido por las autoridades mexicanas hace unos días en Sinaloa. Dicen los que saben que le pisan los talones al “Chapo Isidro”, mientras el Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del principal enemigo de los Chapitos.
Inició la semana y desde algunos estados nos reportana que volvieron las protestas por el proyecto de la Ley General de Aguas. Por ejemplo, Campesinos de Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) bloquearon carreteras para manifestar su rechazo a esta iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados y que podría ser aprobada en comisiones en los siguientes días.
Los productores denuncian incumplimientos de acuerdos previos con autoridades federales, y advierten que la nueva regulación —que busca reorganizar concesiones hídricas y frenar acaparamientos—, podría afectar la producción agrícola y la seguridad alimentaria. El mes pasado, varios grupos de agricultores y transportistas encabezaron bloqueos carreteros en varios estados del país para exigir mejores precios en productos agrícolas, compensaciones justas, seguridad en carreteras y rechazar la propuesta de la Ley General de Aguas. Tras varios días de negociación, se alcanzaron acuerdos preliminares con la Segob, pero los nuevos bloqueos revelan que el sector agrícola no confía en el cumplimiento de estos.
