A la Sombra / Irving Espinosa Betanzos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudó sesiones con regalo de Reyes para el magisterio al validar disposiciones incluidas en la llamada reforma educativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador que privilegian plazas de docentes de educación básica en la SEP para egresados de las escuelas normales e instituciones públicas como la Universidad Pedagógica Nacional. El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzos fue avalado por unanimidad de ocho votos, pues en la sesión no estuvo presente el ministro Arístides Guerrero García.

Fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que impugnó en 2019 tales disposiciones al considerar que vulneraban principios constitucionales relacionados con el servicio profesional docente y la igualdad de oportunidades. El argumento fue desechado.

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Con apenas cinco meses en operación, el Órgano de Administración Judicial ya tuvo su primera baja. La magistrada Josefina Pérez Romo renunció a esta instancia encargada de la gestión financiera, administrativa y de recursos humanos del nuevo Poder Judicial tras la reforma. Y al parecer, nos dicen, no será la única salida de este órgano que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal.

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La triple ejecución registrada el lunes en Dzilam González encendió las alertas en Yucatán, estado que gobierna Joaquín Díaz Mena y que aún es considerado el más seguro del país. De acuerdo con autoridades, el ataque estaría ligado a un conflicto entre dos familias presuntamente vinculadas al narcotráfico, originarias de Limones, cerca de Mahahual, Quintana Roo, y avecindadas en la zona desde el año pasado.

El caso estaría relacionado con la reciente detención en Mérida de un objetivo prioritario buscado en la entidad vecina por narcomenudeo y delincuencia organizada, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El asunto no es menor, pues ya desde meses atrás la incidencia delictiva ha comenzado a preocupar a los habitantes de esa entidad. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del año pasado, 53 por ciento de los yucatecos adultos considera hoy a la inseguridad como el principal problema del estado, frente al 44.6 por ciento de 2024.

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El nuevo registro de desaparecidos ya está listo, pero no será presentado en la mañanera del jueves, cuando se dé un informe de seguridad, sino en fecha aún por definir, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva base de datos se alínea con la reforma aprobada el año pasado y que establece, por ejemplo, la creación de una Plataforma Única de Identidad, que solo considera desaparecida a una persona cuando exista una carpeta de investigación, y distingue entre casos relacionados con delincuencia organizada, ausencias voluntarias, entre otros supuestos.

La presentación, que se esperaba para antes de finalizar 2025, seguramente motivará una gran polémica, pues basta recordar que desde la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de Desaparición más de un centenar de colectivos firmaron un desplegado señalando que más que resolver la crisis en la materia el objetivo era imponer un sistema de vigilancia masiva.

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