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Diputados de Movimiento Ciudadano exigieron la comparecencia de Andrea González, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, al acusar omisión oficial frente a una contaminación por derrame de hidrocarburos que, según denunciaron, afecta desde inicios de marzo playas, ríos y lagunas de Veracruz y Tabasco. El punto de acuerdo también pide apoyos urgentes para pescadores y prestadores de servicios turísticos, mientras crece la presión para que Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina y las dependencias federales den una explicación pública sobre la contención, limpieza y responsabilidades por el daño ambiental. Hasta ayer, para el gobierno de México no existía ningún problema, ni explicación, ni culpable.
El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México afectó ya al menos tres estados, varias organizaciones internacionales se pronunciaron ya sobre la crisis medioambiental y económica que se ha generado. El problema es que nadie en el gobierno federal se ha hecho responsable del desastre. Es más, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, mantiene el discurso de que únicamente son “gotas” de combustible que ya se están limpiando, esto a pesar de las múltiples fotografías y videos de las inmensas manchas que se ven en el mar.
Todo indica que los van a regañar. El alza del diésel encendió una alerta en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta semana la Secretaría de Energía, el director de Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal del Consumidor se reunirán con gasolineros, después de que el combustible alcanzara hasta 29.50 pesos por litro pese a los estímulos fiscales vigentes. La mandataria sostuvo que ese precio “no tendría por qué” registrarse, advirtió que el encarecimiento impacta a la economía mexicana y pidió revisar que ninguna estación aproveche la coyuntura internacional para cargarle de más al mercado. Pero la coyuntura de guerra es real.
La Universidad Autónoma de Sinaloa convirtió su máxima distinción académica en un respaldo público a la ciencia. En sesión solemne del Consejo Universitario otorgó el Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, dos investigadoras formadas en la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus aportes científicos, académicos y de gestión, en una ceremonia encabezada por el rector Jesús Madueña Molina y atestiguada por el gobernador Rubén Rocha Moya, donde ambas defendieron el papel de la educación superior y la investigación como palancas de transformación social en el país. Lo que más se comentaba era que Rocha Moya andaba muy dócil con la mamá de la Presidenta de México, como queriendo pedir un favor, luego del respaldo público a la ciencia.
La defensa del Servicio de Administración Tributaria frente a la revocación de donatarias buscó cerrar el paso a la sospecha de persecución política: el administrador general de recaudación, Gari Flores Hernández, sostuvo que la cancelación de autorizaciones respondió a un proceso “técnico” y no “político”, luego de que más de 100 organizaciones civiles perdieran la posibilidad de recibir donativos deducibles y 13 más fueran dadas de baja por incumplimientos administrativos. Entre las afectadas están México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en un episodio que vuelve a colocar bajo tensión la relación entre la autoridad fiscal y organismos dedicados a vigilar políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas.
México dio un paso para llevar la igualdad de las mujeres a su política exterior. La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó nuevas reglas para que embajadas, consulados y oficinas diplomáticas incorporen la perspectiva de género en su trabajo diario, desde la atención consular hasta la representación del país en el extranjero. El acuerdo, firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, también busca abrir más espacios para mujeres en cargos de decisión y dar seguimiento anual a los avances.
Estados Unidos mantendrá abierto el mercado para la importación de carne y otros productos avícolas procedentes de Sinaloa y Sonora, al considerar que esas dos entidades representan un riesgo “insignificante” de introducir la enfermedad de Newcastle, un virus que afecta a pollos, gallinas y otras aves de corral y que puede provocar brotes con fuerte impacto sanitario y comercial para la industria. La autorización seguirá sujeta a controles estrictos del Departamento de Agricultura, como certificados de inspección, sellos numerados en los contenedores y requisitos de trazabilidad para garantizar que los embarques provengan exclusivamente de esas zonas del norte de México.
