A la sombra / Clara Brugada
Síguenos en:
A la sombra…
***
***
***
***
***
Ciudad de Mexico, 6 de abril de 2026
A la sombra…
***
***
***
***
***
En la oficina de Clara Brugada aseguran que los inconvenientes en la consolidación del Programa Agua Bienestar se deben, en buena parte, a que no se ha concretado el tema logístico para la distribución de los garrafones que deberían costar a los beneficiarios tan sólo cinco pesos. El citado programa social está enmarcado en la llamada estrategia de gestión integral de los recursos hídricos, para el que se invertirían más de 15 mil millones de pesos con el objetivo de garantizar el abasto en toda la capital del país.
Como le informamos, ya están en el Registro Federal de Estados Unidos los avisos del FinCEN sobre la prohibición de transferencias de fondos con Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam debido a la supuesta relación que tienen con el crimen organizado. Aunque en el gobierno mexicano decían que las autoridades estadounidenses no tenían pruebas de los señalamientos, los documentos colocados en la página oficial desmenuzan las presuntas acciones con las que las citadas instituciones financieras facilitaron las operaciones de carteles como el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Golfo y el de los Beltrán Leyva. En México hacen como que no entienden.
Como adelantó El Sol de México, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Senado de Estados Unidos aprobó un impuesto del uno por ciento a las remesas enviadas en efectivo, pero aclaró que no habrá ningún cobro si los envíos se hacen por medios electrónicos. Recordó que la propuesta original era mucho más agresiva, con un cobro del cinco por ciento para quienes no tuvieran ciudadanía estadounidense, pero que México se movilizó para frenarla. “Nosotros nos movimos, nuestros paisanos enviaron miles de cartas a los senadores explicando el daño que esto causaría”, dijo. Reconoció que hubiera preferido que el impuesto quedara en cero, pero consideró que el cambio fue un logro gracias a la presión de los migrantes y el diálogo con funcionarios estadounidenses.
Sheinbaum reiteró que su gobierno trabaja en una estrategia para facilitar el uso de la tarjeta Finabien, una herramienta que permitirá a los migrantes enviar dinero sin que se les aplique el nuevo impuesto. Explicó que aún no se presentará este viernes porque siguen ajustando detalles con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pero el objetivo es que las personas que hoy mandan dinero en efectivo puedan hacerlo desde una cuenta y evitar el cobro. “Estamos trabajando para que quien envíe remesas no sólo no pague el uno por ciento, sino que le salga más barato”, afirmó.
Hablando de espionaje y tecnología, el C5 de la Ciudad de México promete vigilancia inteligente y protección efectiva, pero en la práctica sigue lejos de esas metas. A casi un año de la designación del coordinador general, Salvador Guerrero Chiprés, la ciudadanía denuncia que las cámaras permanecen fuera de servicio, los botones de auxilio no responden y las emergencias tardan en atenderse —a pesar de la constante autopromoción del sistema. Guerrero Chiprés no ha rendido cuentas ni ha explicado públicamente esas fallas, mientras el gobierno capitalino mantiene un discurso triunfalista al presentar al C5 como ejemplo de tecnología de punta.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua investiga un posible caso de fraude masivo y profanación de cuerpos tras descubrir que el crematorio “Plenitud”, en Ciudad Juárez, entregaba cemento gris en lugar de cenizas humanas. Más de 200 personas han acudido en los últimos días a la Fiscalía Zona Norte para saber si el cuerpo de su familiar está entre los restos localizados en el establecimiento. Son más de 300 cadáveres.
“Pagamos 20 mil pesos por la cremación y lo que nos dieron fue una urna llena de cemento”, denunció Mariela N., una de las afectadas. En varios casos, los familiares rompieron las urnas que recibieron entre 2022 y 2023, sólo para confirmar que nunca recibieron los restos de sus seres queridos. Las autoridades han prometido identificar los cuerpos y castigar a los responsables, pero el escándalo pone en entredicho la falta de supervisión estatal sobre los servicios funerarios en la región.
