Frente a esta realidad, fue necesario reformar el artículo 73 de la Constitución con la finalidad de expedir una ley general sobre los tipos penales y las sanciones para combatir este delito de alto impacto.
Senadora por el PT
Cada hora, una o dos personas son víctimas de extorsión. Este delito, cuesta diariamente a las y los mexicanos 71 millones de pesos, el equivalente a tres millones cada hora. 1.3 millones de empresas y negocios fueron víctimas de algún delito, lo que equivale a 27.2 por ciento de las unidades económicas del país. Siendo la extorsión el delito más frecuente. En los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León se concentran 61.8 por ciento de las víctimas.
La legislación vigente data de 1984, por ende, no ofrece las herramientas jurídicas para enfrentar eficazmente las nuevas modalidades de extorsión asociadas a tecnologías, como la telefónica, redes sociales o el cobro de “derecho de piso”. Aunado a que existe disparidad en el Código Penal Federal y los códigos penales de las entidades respecto a la tipificación de este ilícito, sus modalidades y, especialmente, en las penas y multas.
Al existir leyes fragmentadas en las entidades federativas es necesario homologar la legislación. De tal forma que el objetivo de esta reforma es complementar y afianzar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública contra la extorsión; cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno; asegurar que el delito se persiga de oficio; unificar los criterios, sanciones y procedimientos en todo el territorio nacional.
Sin importar los diferentes extractos sociales, este execrable delito no solo violenta el bienestar de nuestras comunidades, representa un severo quebranto a nuestra convivencia social, al desarrollo de nuestras comunidades y al patrimonio de las personas, dejando una herida profunda en nuestra sociedad. Ante las amenazas y el miedo que propagan los extorsionadores, cientos de familias han tenido que cambiar su residencia y buscar refugio y seguridad lejos de sus lugares de origen.
En resumen, la extorsión en sus diferentes modalidades afecta la integridad física y psicológica de las personas, la economía nacional y los bienes de miles de familias. Este mal no puede seguir siendo una condena silenciosa que nos arrebate la paz y ningún delincuente puede doblegar nuestra dignidad.
