El caso del feminicidio de Edith en la Ciudad de México vuelve a reflejar la ineficiencia del sistema de justicia que, o llega tarde, o generalmente nunca llega. En estos casos, la justicia llega por presión, no por derecho; y muchas veces, no sin antes pagar una “cuota” para agilizar los trámites.

Ante la negativa de las autoridades para investigar la desaparición de la joven, su familia tuvo que salir a la calle, cerrar vialidades y gritarle al Estado que la buscara. Si no hubiera sido por esa exigencia, el caso seguramente no habría resonado mediáticamente, su visibilidad habría sido nula y la justicia —que tuvo que entrar más a fuerza que con ganas— se habría diluido.

Hace unos días, también en Ciudad Juárez, familiares de una estudiante reportada como desaparecida realizaron un bloqueo vial para exigir avances en la búsqueda. Fueron ellos quienes, ante la ausencia de información del Ministerio Público, iniciaron la búsqueda.

Hace unos días, una mujer me contó que, mientras caminaba en Oaxaca, un hombre intentó violarla en plena calle. Logró defenderse y huir de esa agresión, para encontrarse con otra peor: la indiferencia social, la humillación burocrática y la violencia institucional. Nadie alrededor intervino, ni siquiera un policía al que le pidió ayuda. Su caso, como tantos, quedó impune.

El Estado falló en garantizar justicia y alguien más ocupó ese espacio. Un amigo cercano decidió ayudarla. Con su propio dinero e influencias investigó, localizó al agresor y lo golpeó. Aunque ejerció una forma de castigo fuera de la ley, a partir de ese momento ella recuperó una sensación de seguridad y confianza en sí misma: todo lo que el sistema no le dio. Fue justicia por mano propia, pero sentir que se hizo justicia, aunque ayudó mucho, no significó que la persona estuviera reparada.

No se puede hablar de reconciliación social cuando no hay reconocimiento del daño y los delitos no solo quedan impunes, sino ignorados. Ahí es cuando la dignidad humana es aplastada. Judith Herman indica que la recuperación ante un episodio así requiere: seguridad, reconocimiento del daño y reconexión con la vida.

Negar la realidad con discursos políticos no resuelve nada; tan solo profundiza la herida. Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la confianza en el Estado. Y una sociedad que no confía en su gobierno y sus instituciones camina en una cuerda floja.

No debería sorprender que el enojo social busque formas de expresión cada vez más radicales. Es la consecuencia, porque nuestra sociedad no podrá sostenerse indefinidamente sobre la impunidad. La justicia no puede ser un privilegio. Sin ella, regresan las fracturas que, inevitablemente, llevarán a más violencia.