La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada decidió vincular a proceso a González Valdez por presunta incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores. No sólo eso: ordenó el cierre del medio Tribuna su plataforma digital, y —aquí viene lo más escandaloso— le prohibió ejercer el periodismo. Así, como si la Constitución fuera un papel mojado. Como si la libertad de prensa fuera un capricho que los jueces pueden apagar con una firma.

Estamos ante un hecho inédito, propio de regímenes autoritarios. Un periodista jubilado desde 2017, sin funciones directivas en el medio, es acusado de ordenar publicaciones “ofensivas” contra la mandataria estatal. Aunque la defensa presentó pruebas contundentes de su retiro, la jueza dictó una resolución que huele a consigna. ¿Cuál fue el delito real? ¿Publicar notas incómodas? ¿Ejercer una línea crítica contra el poder?

La narrativa oficial afirma que hubo “libertad de agresión” y ofensas por la condición de mujer de la gobernadora. No se han hecho públicos los textos que presuntamente motivaron la denuncia. Lo que sí sabemos es que este proceso judicial tiene un tufo represivo y vengativo. Aun si existiera lenguaje inadecuado —que en ningún momento se ha demostrado— existen vías legales para contrarrestarlo, pero prohibirle a alguien ejercer el periodismo es tan absurdo como impedir a un médico curar o a un abogado defender.

La cosa no para ahí. González Valdez, de 71 años, también fue obligado a pagar una indemnización millonaria por supuesto daño moral al director de Comunicación Social del gobierno estatal, Walther Patrón Bacab. Sus propiedades fueron embargadas. Y apenas en abril fue detenido con violencia por intentar defender a un motociclista retenido por la policía. ¿Coincidencias? ¿O estamos ante un patrón de hostigamiento sistemático?

No se puede tolerar que un gobierno estatal cierre medios, imponga mordazas y se escude en el lenguaje inclusivo para silenciar voces críticas. ¿Quién decide qué es ofensa y qué es opinión? ¿Una jueza solitaria en una audiencia de 12 horas? ¿La misma jueza que ignora la jubilación oficial del acusado? ¿La misma que considera peligroso que un periodista siga escribiendo?

La gobernadora Layda Sansores, con antecedentes de confrontación directa con medios y periodistas, no está por encima del derecho a ser cuestionada. Nadie lo está. La crítica a los gobernantes no sólo es válida: es necesaria. Es la médula de un sistema democrático sano. Silenciarla equivale a encender todas las alarmas.

No nos equivoquemos: este no es un pleito local, es un caso emblemático. Es el nuevo rostro de la censura en tiempos de gobiernos que se dicen progresistas, pero actúan como viejos caciques. Es el uso de jueces a modo por la 4T, ¿para esto querían quedarse con el Poder Judicial?

Se debe revertir esta aberración jurídica y demandar que se restituya a Jorge Luis González su derecho a ejercer el periodismo. Que se reabra Tribuna. Que se investigue a quienes abusaron del poder para perseguirlo. Y que todos —periodistas, abogados, ciudadanos, organizaciones de derechos humanos— levantemos la voz antes de que sea demasiado tarde.