Por Alma Beltrán y Puga
Doctora en Derecho. Académica del Departamento de Derecho e Investigadora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (CECRIGE) de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
X: @almandina19
Como cada 8 de marzo, millones de mujeres mexicanas saldremos a marchar a las calles, de la mano de nuestras amigas, acompañadas de nuestras hijas, de tambores y de pancartas. Del Paseo de la Reforma al Zócalo se escucharán consignas feministas que, otro año más, reclaman que el Estado salde sus deudas históricas de género.
Gritaremos de nuevo que queremos caminar por los espacios públicos sin que nuestros cuerpos sean acosados; ganar mejores sueldos; que no nos asesinen cuando salimos a trabajar; que quisiéramos decidir quiénes somos, con pleno respeto a nuestra libertad de conciencia; tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; una mejor educación, una vivienda y una vejez digna.
La movilización feminista de esta primavera nos recuerda que todas estas aspiraciones son deudas actuales del Estado mexicano. A pesar de que, después de 200 años, tenemos una mujer presidenta, persisten las desigualdades sociales y jurídicas que afectan de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres en este país. Las reformas impulsadas por la presidenta Sheinbaum para que en la Constitución se reconozcan la igualdad sustantiva, la brecha salarial y la paridad de género son sólo un primer paso —más simbólico que real— para alcanzar el país que soñamos habitar las mujeres mexicanas.
Estas reformas normativas, sin verdaderas políticas que se impulsen con acciones estatales concretas y programas públicos con presupuesto suficiente asignado, se quedarán sólo en el papel y en los discursos de las mañaneras. Está muy bien que el gobierno realice y difunda cartillas para que las mujeres conozcan sus derechos; que se den pensiones a las mujeres adultas mayores; que se establezcan líneas de atención para la violencia de género y se implementen centros para su investigación.
Pero falta todavía mucho más. El Estado tiene deudas de género impostergables. Como, por ejemplo, el sistema nacional de cuidados. En el sexenio anterior se eliminaron las estancias infantiles y se promovió una privatización o delegación del cuidado de las mujeres en sus familias. Esto es contrario a las políticas públicas económicas que buscan promover la inserción de las mujeres en el mercado laboral.
Sin instituciones estatales que den un cuidado apropiado a niños, niñas y personas adultas mayores, así como un sistema de salud que responda a las mujeres cuando se enferman, no habrá una disminución real de la brecha salarial. Ni las mujeres podrán tener iguales oportunidades en el mercado laboral.
Por otra parte, es urgente el esclarecimiento y la sanción de los feminicidios de Ciudad Juárez y de los que se cometen a diario en los otros estados del país; así como la investigación de los hijos e hijas desaparecidos que reclaman los colectivos de madres buscadoras; la disminución de la violencia sexual, doméstica, laboral y económica, que por razones de género aísla, maltrata y desempodera diariamente a las mujeres y adolescentes mexicanas.
Es más fácil cambiar la letra de la Constitución y firmar convenios institucionales por medio de la Secretaría de las Mujeres que mejorar realmente el acceso a la justicia, a través de la inversión de recursos públicos para fortalecer las capacidades institucionales. Es necesario hacer una verdadera reforma a la justicia que pague mejores sueldos a los agentes del Ministerio Público, encargados de investigar los delitos; establecer cadenas de custodia y peritajes adecuados; fortalecer las habilidades de la policía para actuar en casos de violencia de género e implementar eficazmente las órdenes de protección cuando las mujeres están amenazadas por sus parejas, esposos, familiares o cualquier extraño. Es imperioso que los protocolos para juzgar con perspectiva de género se implementen a nivel estatal y federal.
México cuenta con un aparato normativo robusto para promover la igualdad sustantiva y eliminar la violencia de género. Tenemos firmados todos los tratados internacionales al respecto, leyes generales que supuestamente combaten la violencia de género y abogan por la igualdad sustantiva. Pero las cifras, que demuestran la persistencia de la violencia y la discriminación de género en México, contradicen las normas. Promulgar más leyes no cambia automáticamente la realidad ni garantiza de facto los derechos de las mujeres. Las políticas públicas deben enfocarse en lo que llevamos pidiendo las mujeres históricamente cada 8 de marzo: justicia, igualdad y cuidado.
