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Por un error de su despacho de abogados, el Grupo México de Germán Larrea deberá pagar en los próximos días una cifra cercana a los 700 millones de pesos como compensación de costos generados por un recurso de incompetencia judicial. Los beneficiados son los abogados de los más de seis mil habitantes de la zona aledaña al Río Sonora, afectado gravemente por el derrame ocurrido en la empresa minera Buena Vista del Cobre el 6 de agosto de 2014.
Se recuerda que, según el Informe de la Semarnat, el desastre ecológico se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados, y por falta de una válvula en la pileta de demasías. Todo imputable a la empresa. Se afectó a una zona de 271.6 kilómetros, principalmente en los municipios de Arizpe, Banamichi, Baviacora, Huepac, Aconchi, Ures y San Felipe de Jesús; estos con una población conjunta de 24 mil 48 habitantes.
Por los hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso a la empresa Buenavista del Cobre una multa de 22.9 millones de pesos, además ordenó aplicar un Plan de Remediación consistente, principalmente, en la apertura de un fideicomiso con recursos por casi mil 200 millones de pesos para llevar a cabo las medidas de reparación y compensación de los daños causados al ambiente y a la salud humana.
De acuerdo con los pobladores de la zona, e incluso con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reparación del daño que hizo la minera no fue adecuada, por lo que seis mil 79 habitantes de 30 comunidades de Sonora solicitaron asesoría del despacho jurídico Blanco, Encinas y Asociados para demandar por daño patrimonial y moral a las empresas Buena Vista del Cobre SA de CV y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras SA de CV.
Grupo México, a través del Bufete Rocha Abogados, cuya titular es Cristina Rocha Cito, recurrió a prácticas dilatorias, interponiendo casi 300 recursos de apelación, revisión y de queja, así como juicios de amparo, sosteniendo que los juzgados civiles locales no eran competentes para conocer el tema. Al final, esta postura fue declarada como improcedente por los Tribunales Federales Mexicanos.
Lo que nunca tomaron en cuenta los abogados del grupo empresarial es que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en su artículo 242, señala que cuando no proceda solicitud de incompetencia, el que la promovió (en este caso Grupo México) debe pagar las costas causadas, y en concreto se ha decretado un pago de costas de hasta 115 mil pesos por cada demandante. Ahí están los 700 millones de pesos.
En resumen, Grupo México deberá pagar a los abogados sonorenses, únicamente por concepto de costos, más de la mitad de lo que pagó la empresa en el Fideicomiso del año 2014. Asimismo, se coloca en condiciones vulnerables para que sea condenado por la cantidad de 30 mil millones de pesos como real reparación del daño por el derrame.
