Los escándalos que rodean al todavía gobernador de Nuevo León, Samuel García, no cesan. Ahora, el tema es una mansión en San Pedro, en un terreno de casi 18 hectáreas. Así como lo lee, hectáreas. Ubicado en la exclusiva zona de Mesa de la Corona. Un predio que, según expertos, podría valer más de 700 millones de pesos, aunque hay quienes aseguran que el valor real supera los mil millones. Lo más grave no es solo el tamaño del terreno, ni el lujo de la futura construcción, sino la opacidad con la que se ha manejado todo el proceso. La propiedad fue adquirida en abril de 2023 por la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, cuyo dueño no es otro que el propio gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Cuando el tema salió a la luz, Samuel aseguró que no compró el terreno, sino que fue una “dación” de pago de Grupo Gentor por servicios del despacho jurídico de su papá, del que el Gobernador también es socio, por cierto. 

Desde entonces, se han tejido una serie de maniobras administrativas para allanar el camino a la construcción de la “Casa Blanca” versión norteña. Por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente estatal otorgó de forma exprés, y en carácter de urgente, una autorización de impacto ambiental a SAGA para comenzar las obras. ¿Quién firmó esa autorización? Eduardo Villanueva Garza, entonces director de Impacto y Riesgo Ambiental de la misma dependencia.

Villanueva aprobó la solicitud el 19 de marzo de 2023. El trámite le tomó apenas 15 días, cuando por ley puede tardar hasta 90. Un fast track que levantó cejas entonces… y que hoy se vuelve aún más sospechoso. ¿Por qué? Porque Villanueva acaba de ser nombrado titular de la Profepa en Nuevo León, tras la repentina y misteriosa renuncia de Zulma Espinoza, quien llevaba poco más de un mes en el cargo. Fuentes federales aseguran que fue orillada a dejar el puesto por presiones del propio Gobierno estatal, debido a desacuerdos sobre las medidas para combatir la contaminación dentro de la nueva Comisión Ambiental Metropolitana. Un cambio que huele más a castigo que a reestructura.

El escándalo no se detiene ahí. El municipio de San Pedro, gobernado todavía por Miguel Treviño, desechó recientemente el trámite presentado por SAGA para construir la residencia en el Cerro de la Corona. El motivo: la empresa no entregó en tiempo y forma los estudios de impacto ambiental, ni estatal ni federal. Se le dio un plazo de 20 días hábiles, y no lo cumplió. La resolución fue clara: el trámite fue desechado. Aunque, claro, los derechos del promovente quedan “a salvo”, es decir, podrá volver a intentarlo más adelante… tal vez cuando Mauricio Fernández, el alcalde electo, tome el control del municipio.

Todo esto ocurre mientras Samuel García, en plena campaña de despedida, insiste en mostrarse como un político moderno, honesto y transparente. Pero la historia detrás de su mansión cuenta otra cosa: influencias, conflictos de interés, tratos preferenciales y una estructura de poder que se mueve entre lo público y lo privado con una facilidad alarmante. La Casa Blanca de la Gaviota parece, ante esto, algo modesto. Porque aquí no solo hay lujo y frivolidad: hay un gobernador que construye su retiro político con permisos y funcionarios que responden a su voz. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas… o al menos, un poco de vergüenza.