El silencio institucional es una regla no escrita que protege la credibilidad de los bancos centrales. Pero cuando esa credibilidad está en riesgo, callar deja de ser neutralidad. Ayer fue uno de esos momentos.
Todos los expresidentes vivos de la Reserva Federal, acompañados por exsecretarios del Tesoro y otros altos funcionarios económicos de Estados Unidos, rompieron una regla no escrita: intervenir públicamente para defender a la institución que alguna vez dirigieron. Lo hicieron con una declaración tan directa como inquietante:
“La independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia son cruciales para el desempeño económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo. La supuesta investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques judiciales para socavar esa independencia”.
Y añadieron: “Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general. Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, la base de nuestro éxito económico”.
La declaración no surgió en el vacío. La investigación criminal contra Jerome Powell se conoció apenas el domingo por la noche, cuando la propia Fed difundió un video con la respuesta de Powell, lo que explica la rapidez y contundencia de la reacción institucional del lunes.
Formalmente, la investigación apunta a presuntas inconsistencias en el testimonio de Powell ante el Congreso por un proyecto inmobiliario de la Fed. En los hechos, el contexto político es imposible de ignorar. Desde hace meses, Powell ha resistido presiones abiertas de Trump para acelerar los recortes de tasas de interés.
La apertura de una pesquisa penal contra el jefe del banco central marca un punto de inflexión. No porque se haya probado alguna irregularidad, sino porque introduce una amenaza implícita: las decisiones de política monetaria pueden acarrear consecuencias legales si no se alinean con los intereses del poder político en turno.
La autonomía de los bancos centrales no es un lujo tecnocrático. Es una lección aprendida a fuerza de crisis. En economías donde la política monetaria se subordina a ciclos electorales o a la voluntad presidencial, el resultado suele ser inflación persistente, depreciaciones cambiarias y pérdida de confianza. América Latina conoce bien esa historia. Y México no es ajeno a ella. El Banco de México ha sido un ancla de estabilidad, pero con frecuencia su autonomía ha sido cuestionada, tanto por la retórica política como por presiones internas. Críticas a sus decisiones, presión en los nombramientos y la subordinación de la política monetaria a prioridades fiscales han elevado el riesgo de cruzar la línea.
Por eso, la advertencia de los exfuncionarios estadounidenses resulta tan incómoda como reveladora. Estados Unidos no está inmunizado contra los vicios que por décadas distinguieron a economías con instituciones frágiles. La diferencia es que aún está a tiempo de corregir.
La investigación contra Powell puede cerrarse sin cargos. Pero el precedente ya está sentado. Cuando un presidente puede usar el aparato del Estado para presionar al banco central, la política monetaria deja de ser un instrumento de estabilidad y se convierte en un arma política. Y cuando eso ocurre, pierde la economía entera. Perdemos todos.
