Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
El Senado de la República aprobó el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora le tocará a la Cámara de Diputados continuar la discusión ¿Habrá un Plan C que logre concentrar mayorías en el Congreso sin depender de “aliados”?
La aprobación de la reforma electoral llegó recortada, el Partido del Trabajo presentó una reserva al artículo 35 constitucional que dejó fuera la posibilidad de empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027.
Es decir, la Presidenta no aparecerá en la boleta electoral y con ello, el uso de la aprobación ciudadana con la que cuenta quedará limitado. La revocación queda programada hasta el cuarto año de gobierno en 2028. La velocidad con la que se manejó la reforma electoral en la etapa legislativa no fue casualidad, mientras los especialistas analizaban la reforma electoral que tomó meses de preparación —y que fue votada y desechada como Plan A—, el Plan B ya había sido presentado y aprobado. El debate legislativo de este episodio se desarrolló en un período breve.
El Plan B requiere igualmente un análisis de fondo. La reforma aprobada va más allá de lo electoral: reconfigura el pacto federal del país. Los artículos modificados —115, 116 y 134 de la Constitución— tocan un tema que en México históricamente ha sido de alta sensibilidad: el federalismo o en otras palabras, cambiar la distribución real del poder entre la Federación, los estados y los municipios. El Plan B no es solo un ajuste técnico, sino una reconfiguración de equilibrios que se construyeron en décadas. El cambio viene acompañado de recortes presupuestarios y con ello el impacto se vuelve concreto e inmediato.
Dos medidas concentran los cambios. El primero se limita el número de sindicaturas y regidurías en los ayuntamientos del país. El argumento, un ahorro de hasta 4 mil millones de pesos, cifra menor respecto a todo el Presupuesto Federal de 10 billones de pesos. Los síndicos y regidores municipales más allá de algunos casos escandalosos, cumplen también como límite institucional frente a los alcaldes y sirven como instancias de análisis de asuntos locales. Reducirlas sin fortalecer otros mecanismos de vigilancia podría generar un vacío que los números del ahorro no explican.
El segundo cambio recae sobre los congresos locales. Los estados quedan limitados a no destinar ni 1% del presupuesto del estado a sus poderes legislativos. El dato es revelador porque es evidencia de una realidad que ya existía antes de esta reforma: hay legislaturas estatales que aprueban reformas constitucionales en tres minutos, que carecen de centros de estudios legislativos, que no tienen capacidad real para analizar el impacto presupuestario de las iniciativas, ni revisar con rigor los paquetes económicos que envían las y los gobernadores. Con este techo presupuestal será más complicada su profesionalización. La capacidad legislativa a nivel local, ya de por sí cuestionable, se reduce de facto.
El Senado de la República tampoco salió ileso de la operación. La Cámara aceptó una reducción del 15% de su presupuesto de forma progresiva. La cifra parece manejable, pero el gesto político es relevante: fue aceptado con la comodidad implícita de que ese ajuste le tocará administrarlo a futuros legisladores. El costo lo pagará otra generación y en política el futuro siempre es incierto.
Lo que queda claro es que la reforma electoral no solo prepara el terreno para 2027, sino que reorganiza la estructura del Estado. Habrá que ver si la centralización de criterios en la Constitución y la simplificación de estructuras políticas son suficientes para la reconfiguración del mapa político con el PT y el Verde Ecologista como aliados.
