La iniciativa para combatir el delito de feminicidio enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, al Senado de la República el pasado 27 de marzo, consiste en reformar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir, en un segundo momento legislativo, una Ley General en materia de feminicidio.

Esto permitirá establecer un tipo penal único y sanciones uniformes en todo el país, para adecuar lo que hasta ahora es un delito configurado con distintos criterios e investigado con diferentes protocolos en cada entidad federativa.

Lo que ocurrirá primero es la reforma constitucional para incorporar en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), el delito de feminicidio para sumarse al catálogo ahí establecido de otras materias tales como secuestro, desaparición forzada de personas, extorsión, trata de personas, tortura, delitos electorales y algunas más que le permiten al Congreso expedir leyes generales sobre esos temas.

Así ocurrió recientemente cuando se incorporó al mismo artículo el delito de extorsión para, posteriormente, en un plazo de 180 días posteriores a la publicación del decreto, expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde finales de noviembre del año pasado. 

Al igual que la extorsión antes de la reforma, el delito de feminicidio ya se contempla en el Código Penal Federal, entonces: ¿por qué es relevante adecuar nuestro marco político y normativo en materia del delito de feminicidio? Principalmente porque hasta ahora los esfuerzos institucionales de los tres niveles de gobierno han sido limitados en atender lo concerniente a este flagelo social. 

Nuestra Presidenta ha decidido avanzar hacia la conformación de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño causado por el Delito de Feminicidio, lo que contribuirá al accionar de manera conjunta en todo el país a través de las fiscalías estatales y la federal, así como desarrollar protocolos comunes de actuación y políticas de prevención. 

La propuesta de la nueva ley contempla penas que irían de los 40 a los 70 años de prisión a los feminicidas. Además de establecer 21 agravantes, entre ellas, que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, que padezca alguna discapacidad, que la víctima sea miembro de pueblos originarios, afrodescendientes, entre otros casos.

Esta nueva ley será un paso decisivo para homologar los protocolos de investigación en todo el país, acción necesaria para que la muerte violenta de una mujer sea investigada desde un inicio como feminicidio, incorporando de forma obligada la perspectiva de género, así como la continuidad procesal ininterrumpida. Esto requiere cambios precisos en la formación, capacitación y actuación de las personas integrantes de las fiscalías y ministerios públicos, locales y federales.

La presidenta ha sido enfática al señalar que el objetivo de estos cambios constitucionales y legales es erradicar el feminicidio en México. Impedir que niñas, adolescentes y mujeres mueran por el solo hecho de ser mujeres. También, cuando ese delito ocurra, sea correctamente investigado y sancionado, sin espacio a la impunidad. Como mujer y legisladora daré todo mi apoyo a esta iniciativa que avanza en su trámite legislativo.