La Corte del 13%
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Ciudad de Mexico, 8 de abril de 2026
Una nueva era comenzó este 1 de septiembre en torno a la justicia en México, con una Corte elegida como resultado de la reforma judicial aprobada el año pasado. Apenas un 13% del electorado salió a las urnas por primera vez para elegir a los representantes del sistema judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acordeones, intereses políticos y apatía ciudadana se convirtieron en los protagonistas de la jornada.
Quienes defienden la reforma judicial impulsada por el actual gobierno argumentan que el voto ciudadano dota a la Corte de una legitimidad que antes no tenía. En torno a ello, se ha debatido sobre la importancia de los contrapesos al poder, la imprescindible independencia del sistema de justicia y la necesidad de que el Poder Judicial tenga como objetivo principal la impartición de una justicia imparcial.
La idea de acercar la justicia al pueblo y alejar a quienes la imparten de la élite política, con la promesa de democratizarla, no logró convencer a muchos. El resultado: una participación mínima que refleja desconfianza, desinterés, confusión e incertidumbre. La realidad: una justicia politizada.
Una Corte, que arranca con una legitimidad de origen débil, más cercano a la indiferencia y al escepticismo ciudadano que al respaldo popular. He aquí los retos principales: independencia y autonomía. El riesgo radica en que el máximo tribunal de justicia se convierta en un espacio sujeto a las mismas reglas de la política partidista, con ministros tentados a responder a intereses coyunturales en lugar de ejercer un contrapeso institucional.
Una democracia sólida no depende solo de la urna, sino de instituciones capaces de resistir las presiones del poder y de ganarse, día a día, la confianza de los ciudadanos. La Corte que inicia funciones tendrá que responder de manera contundente si la legitimidad nace de la reforma judicial. Su actuar, confirmará si el origen fue o no legitimo.
Estamos por ver el resultado de una película de política y justicia, y la innovación de aquello que se llamó democratizar la justicia. Ha iniciado un experimento sin precedentes, que pondrá a prueba no solo al gobierno y sus instituciones, sino también a la ciudadanía: nuestra participación, nuestra confianza en las instituciones y nuestra capacidad de actuar más allá de las urnas y las estadísticas.
