En contraste, la mandataria de México indicó en que en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación
El Registro Nacional de Personas Sancionadas reporta 78 mujeres castigadas por violencia política de género; de ellas 33 son gobernadoras, presidentas municipales o síndicas, la mayoría afiliadas a Morena
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El oficialismo ha entrado en confrontaciones que se acusan unos a otros de delitos que van desde tráfico de influencias, pasando por lavado de dinero y huachicol y hasta ejercicio indebido del servicio público.
Claro está que, el silencio que reinaba de Morena hacia Morena o de Morena hacia afuera, cada vez se rompe más. Gobernadores señalan a legisladores y viceversa, y figuras de alto perfil marcan distancia frente a decisiones polémicas que tuvieron lugar bajo su responsabilidad. Morena, se presentaba ante la sociedad, como una unidad imposible de quebrarse. Con los triunfos de las últimas elecciones, Morena parecía estar tan sólido que, durante años, la cohesión interna fue parte central de su narrativa: un movimiento levantándose frente a una oposición fragmentada. Sin embargo, esa imagen comienza a resquebrajarse por tensiones que emergen desde dentro del partido.
Los discursos son cada vez más cuestionables, tanto como las cifras que se presentan cada vez que se habla de la estrategia de seguridad. La narrativa se desmorona justo cuando el partido gobierna el Poder Ejecutivo, controla el Congreso y mantiene una presencia dominante en la mayoría de los estados, pero el poder absoluto, no enfrenta a un adversario externo, empieza a enfrentarse a sí mismo. Y, además, no hay una presencia real de un adversario externo, pues la oposición sin tanto margen de maniobra y sin iniciativas reales sigue siendo un actor pasivo en las decisiones del país.
El escándalo por el despido de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública y las acusaciones de corrupción que acompañaron el episodio son un ejemplo más de la ruptura interna y de la falta de investigaciones ante los señalamientos públicos. El discurso anticorrupción que fue parte de las propuestas más importantes del movimiento hoy se ve puesto a prueba por las voces de funcionarios que acusan a sus propias instituciones y se señalan entre sí, de prácticas opacas.
En este contexto, la discusión sobre la reforma judicial ha dejado de ser un debate oposición-oficialismo. Los cuestionamientos han comenzado a surgir desde el partido que concretó la reforma. El senador de Morena, Javier Corral hizo un llamado a su partido para que se revise la eficacia y el funcionamiento de la misma. Argumentó que, la reforma judicial debe revisarse antes del 2027, pues se percata de que en la realidad la reforma ha generado “casos de desconocimiento brutal” . Corral consideró ante los medios que debe haber criterios más definidos en torno a los candidatos y que debe prevalecer la carrera judicial y la experiencia. Además, expresó que, los gobernadores y gobernadoras “pusieron a quien quisieron” en los puestos del Poder Judicial.
No es menor que, dentro de las filas de Morena, existan dudas sobre la reforma más controversial y trascendente que el propio movimiento impulsó. Los mecanismos de selección y las nuevas reglas de postulación han debilitado considerablemente la confianza de la sociedad en la impartición de justicia, y no sin razón. El mensaje implícito es claro: la implementación no fue impecable y las deficiencias estructurales del diseño ya comienzan a evidenciarse en la práctica.
Morenaenfrenta hoy su prueba más delicada: validar su reforma judicial, investigando los señalamientos de sus mismos partidistas, sin excusas procesales, sin el cómodo argumento de que “no hay denuncia formal” y, sobre todo, sin aplicar la justicia de manera selectiva.