El acceso a la salud, que constituye una obligación del Estado, SÍ, FUE MÁS EFICIENTE POR MUCHO en lo que los actuales funcionarios llaman con desdén “LOS GOBIERNOS ANTERIORES…..”.
En los últimos años, el sistema de salud pública en México ha enfrentado una crisis persistente caracterizada por la falta de insumos médicos básicos: desde jeringas, guantes y gasas, hasta medicamentos oncológicos, antibióticos y vacunas.
Esta deficiencia estructural ha puesto en riesgo la vida y la dignidad de millones de personas que dependen del sistema público para atender su salud, y ha evidenciado un problema mucho más profundo: una gestión institucional marcada por la improvisación, la centralización autoritaria y la opacidad deliberada.
Entre las principales causas de esta crisis se encuentra la desarticulación del sistema de adquisiciones. A partir de 2019, el gobierno federal decidió centralizar la compra de medicamentos en la Oficialía Mayor de Hacienda, desplazando la experiencia y los procesos previamente consolidados en el IMSS e ISSSTE. La intención declarada era eliminar la corrupción; sin embargo, el resultado fue una cadena de errores logísticos, adjudicaciones directas mal ejecutadas y una grave ruptura en el abasto nacional. Según datos de México Evalúa, entre 2019 y 2022 se dejó de entregar 40 por ciento de las claves de medicamentos que estaban garantizadas en sexenios anteriores y, en muchos casos, los estados no recibieron ni 30 por ciento de lo solicitado.
A esta falla estructural se suma la confrontación del Ejecutivo con los organismos autónomos encargados de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. En particular, la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que desde abril de 2023 operaba sin quórum para resolver recursos, ha facilitado que numerosas dependencias federales, incluida la Secretaría de Salud y la empresa Birmex (encargada de la distribución de medicamentos) nieguen información pública alegando “reservas” o simplemente ignorando solicitudes ciudadanas. Esto ha generado un cerco informativo en torno a los contratos, precios, proveedores y criterios utilizados en las compras públicas, mismo cerco que crecerá y se fortalecerá a la luz de la infausta desaparición del organismo de transparencia.
La desaparición de facto del Inai no ha sido un accidente. Lejos de fortalecer la transparencia, el gobierno ha favorecido un entorno donde la opacidad le resulta funcional: reduce el escrutinio público, debilita los contrapesos institucionales y permite que los responsables de los fallos en la distribución de insumos eviten rendir cuentas. En un país donde la corrupción ha sido históricamente un lastre, la ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia alimenta la impunidad.
El resultado tangible de esta combinación de errores técnicos y decisiones políticas deliberadas es el sufrimiento cotidiano de médicos, enfermeras y pacientes. Hospitales que deben pedir donaciones a familiares, tratamientos oncológicos interrumpidos y personal de salud que labora sin equipo adecuado son apenas algunas muestras de una tragedia humanitaria que podría evitarse.
Hoy más que nunca, el derecho a la salud en México está en riesgo no solo por limitaciones presupuestales, sino por una lógica de gobierno que privilegia el control político sobre la eficiencia institucional. Y en ese juego, la transparencia —y sus instituciones— se han convertido en un obstáculo incómodo que conviene desmantelar.
