Es importante destacar que el Tribunal no sólo conoce de contratos de obra pública celebrados por autoridades federales, sino también de los contratos de obra pública que contraten las entidades federativas o municipios con cargo a recursos federales.
Dentro de los procedimientos previstos en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, se encuentra la emisión de estimaciones por parte de los contratistas, donde se establecen los avances de obra que éstas tienen en un periodo determinado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato, se les pagan las cantidades que corresponden por dicho avance.
En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se han presentado diversas demandas de los contratistas donde impugnan el rechazo a las estimaciones por parte de las autoridades contratantes, ya que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su artículo 3 señala que es competente para conocer de los actos administrativos por fallos en licitaciones públicas y en la interpretación y cumplimiento de contratos públicos de obra pública.
La litis planteada en estos juicios, es determinar la naturaleza jurídica de las estimaciones, para determinar si son actos definitivos de los que debe conocer el Tribunal o provisionales que pueden corregirse con posterioridad, al respecto se ha considerado que la mayoría de ellas se pueden corregir en un momento ulterior, como ocurre en el supuesto del artículo 54 de la Materia, que previene el caso de que las estimaciones no sean autorizadas por diferencias numéricas o técnicas, las mismas son susceptibles de incorporarse a la siguiente estimación, siempre y cuando exista un consenso entre los contratantes respecto de las diferencias que motivaron el rechazo de pago.
Además de que es posible, al realizarse el finiquito de la obra, el poder efectuar el ajuste económico y jurídico de todos los términos del contrato, ya sea que se concluya en el plazo estipulado por las partes, se termine anticipadamente, se suspenda o se rescinda. Dicho finiquito si es un acto definitivo, aunque el Tribunal ha interpretado también que pudiera conocer, si el rechazo a una estimación afecta la viabilidad de la ejecución de la obra y en consecuencia el interés social. Con el anterior criterio, se da la posibilidad al juzgador de revisar casuísticamente si la estimación rechazada, no afecta la continuidad de la obra como sería el caso de un equipo o un concepto que se presentara permanentemente en la obra y que su costo o sobrecosto no pudiera soportar la contratista, afectando el flujo de recursos para terminar la obra.
