En dicha iniciativa se desaparecen las 5 salas especializadas en responsabilidades, y se deja solo a la Tercera Sección.
Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
El Sistema Nacional Anticorrupción nació como una respuesta de los Partidos Políticos representados en el Congreso, del gobierno federal y de las organizaciones de la sociedad civil, a los actos de corrupción que se presentan en el gobierno y a la impunidad de los servidores públicos y de los particulares que llegan a participar.
Para lograr combatir este lastre que afecta a todo nuestro país, en un primer término se modificó la Constitución para crear este sistema aprovechando las instancias gubernamentales que ya existían, creando las mínimas necesarias y fortaleciendo algunas de las que ya operan para mejorar su eficacia.
En la reforma se estableció un Comité Coordinador del Sistema, integrado por la Auditoría Superior, el titular del Comité de Participación Ciudadana, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Presidente del INAI, el Titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción.
El sistema no ha podido operar integralmente a pesar de que las reformas constitucionales y legales se publicaron el 27 de mayo de 2015 y el 18 de julio de julio de 2016, aunque entraron en vigor al año siguiente, debido a que la Cámara de Senadores no ha nombrado al Fiscal Anticorrupción, ni tampoco ha designado a los 3 magistrados de la Tercera Sección, ni a los 15 magistrados de las salas especializadas que componen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
No obstante lo anterior, se han escuchado voces pidiendo modificar el Sistema, lo que ya se concretó con la iniciativa presentada por la Senadora Olga Sánchez Cordero quien fue Ministra de la Corte, donde propone modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Lo que se busca es que solo esta Sección sea la competente en dicha materia, de acuerdo a lo señalado en la Constitución , además sería adecuado que al discutirla, se analizara la posibilidad de que siguiendo el sistema actual del Tribunal, se diera competencia a las regionales para sancionar y se diera la facultad de atracción a la Tercera Sección o dejársela a las dos actuales secciones y al Pleno, ya que de otra forma las regionales continuarán revisando las resoluciones de las no graves y pudiera haber criterios diversos, además de que a los justiciables se les obligaría a acudir a la Ciudad de México para defender sus derechos.
