Este año de 2019 se ha iniciado por parte del titular del Ejecutivo Federal con un ataque frontal al robo de gasolina que se da en los ductos que conducen este energético y en las propias instalaciones de Petróleos Mexicanos con la probable intervención de sus propios empleados y en la transportación terrestre a través de pipas hacía las estaciones de servicio.
La medida de atacar frontalmente este problema por parte del Presidente de la República, junto con las dependencias de la administración pública y la empresa productiva del Estado dedicada a estas tareas, ha sido muy reconocida y aplaudida por la mayoría de la población, para erradicar esta actividad delictiva que merma los ingresos de Pemex, como ha quedado acreditado.
En cualquier organización pública o privada, pero más cuando se trata de organismos gubernamentales, se debe hacer una planeación detallada de las medidas que se adoptaran, de los responsables de aplicarlas , de las consecuencias que estas producirán, de los riesgos que se podrán presentar, además de escoger personas debidamente capacitadas para su operación y de alternativas de solución en caso de que se presenten fallas al momento de instrumentar las medidas adoptadas; así como el momento adecuado para su implementación y las políticas de comunicación hacia la población para que evitar afectaciones y lograr un apoyo a lo que se está haciendo, explicando las bondades de la política de Estado.
Desde hace años se han realizado acciones de fuerte impacto por parte del Estado mexicano, como la nacionalización de las instituciones de crédito con José López Portillo; la detención de Joaquín Hernández Galicia, líder de los trabajadores petroleros; en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; la intervención a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para liquidarla con Felipe Calderón; la detención de Raúl Salinas, en el gobierno de Ernesto Zedillo, entre otras, donde la población se podría ver afectada o los sectores que las resentirían podrían revertirlas o sabotearlas. Todas estas medidas tuvieron una preparación previa y discreta que permitió las afectaciones mínimas a la ciudadanía y mantener la estabilidad política y económica del país, independientemente si fueron positivas o negativas.
Lo que hemos visto en este ataque a los delincuentes que roban la gasolina, es que faltó una mejor planeación para llevarla a cabo y esperamos que los ajustes que se están haciendo por parte del gobierno federal, permitan cumplir con los objetivos que persiguen, para bien de nuestra economía y del Estado de Derecho que se busca preservar ante estos grupos criminales.