A partir de que el empresario brasileño Odebrecht, quien hoy se encuentra en prisión, confesó que su constructora se valía de funcionarios corruptos para obtener licitaciones públicas, se hizo aún más evidente que la crisis ética y política es global y trasciende a las estructuras y capacidades tradicionales del Estado.

Así, mientras observábamos cómo diversos funcionarios o exfuncionarios de altísimo nivel en Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Perú, Venezuela y Estados Unidos, han sido investigados y procesados por su participación en redes de corrupción y enriquecimiento ilícito, en México la debilidad institucional y la ausencia de voluntad política son las características definitorias de un régimen político que ha llegado a su fase terminal.

La construcción de infraestructura se convirtió en el mecanismo predilecto para que empresarios inescrupulosos y funcionarios ávidos de riqueza, obtuvieran carretadas de dinero difíciles de sancionar por la carencia de instituciones y legislación eficientes y confiables para combatir este cáncer.

Las acusaciones contra Lozoya, contrariamente a lo que él sostiene, no provienen de opositores a las reformas impulsadas por el gobierno del cual fue integrante, sino de tres exdirectivos de la compañía Odebrecht quienes lo acusan de haber recibido millones de dólares entre 2012 y 2016, a cambio de favorecer con contratos a dicha constructora.

Por ello, aunque Lozoya sostenga que no existen evidencias en su contra (aún) y que no forma parte de esta componenda de sobornos que favorecen a empresas que sin cumplir con los requisitos legales, gozan de jugosas licitaciones, existen muchísimas formas de poder acreditar tanto su participación como la de otros funcionarios (incluyendo a los responsables del financiamiento ilícito presuntamente proporcionado por Odebrecht a la campaña del PRI en 2012).

Y aunque hasta el día de hoy las instituciones del Estado mexicano no hayan sido capaces de cumplir con su mandato, el año próximo tendremos la oportunidad de votar por un cambio de régimen y por un gobierno de coalición que con mayores y mejores controles democráticos, tenga mejores condiciones para emprender el combate contra la corrupción y la impunidad.

Esa debe ser la apuesta, construir un sistema anticorrupción sólido y eficiente, sin regateos. Diseñar una Fiscalía General de la Nación con autoridad moral y autonomía real. Sin deudas ni compromisos. En suma, debemos reivindicar la política y reconcebirla como un verdadero instrumento de servicio público.