México es una nación abierta al mundo, pero no puede ser un país ingenuo frente al uso de su territorio. La defensa de la soberanía no se agota en los discursos ni se limita a las fronteras físicas: se ejerce todos los días, también, desde el marco jurídico que regula cómo, quién y bajo qué condiciones puede aprovecharse el suelo nacional.

Con esa convicción presenté recientemente una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera, enfocada en fortalecer los requisitos y mecanismos de control para la constitución de fideicomisos sobre bienes inmuebles ubicados en la llamada “zona restringida”. No se trata de cerrar la puerta a la inversión, sino de ordenarla, transparentarla y hacerla jurídicamente responsable.

El artículo 27 constitucional fue claro desde su origen: ciertas zonas del territorio, las fronteras y las costas, requieren una protección especial. Por ello, la figura del fideicomiso se concibió como una excepción controlada, no como una vía para simular derechos, ocultar beneficiarios reales o fomentar el desorden inmobiliario. Sin embargo, la realidad nos ha alcanzado.

En diversas regiones del país, particularmente en zonas turísticas de alto valor, hemos observado fraude inmobiliario, desplazamiento de comunidades locales, encarecimiento del suelo, litigios interminables y pérdida de confianza institucional. Casos como el de Puerto Peñasco, Sonora, evidencian cómo la ausencia de controles sólidos ha permitido operaciones sobre terrenos con antecedentes agrarios irregulares, litigios ocultos o simulaciones jurídicas mediante prestanombres.

El problema no es la inversión extranjera. El problema es la falta de reglas claras y mecanismos efectivos de verificación. Hoy, el Estado puede autorizar fideicomisos sin conocer plenamente quién es el beneficiario final, cuál es el historial real del inmueble o si existen conflictos legales latentes. Desde una perspectiva de gobernabilidad y seguridad jurídica, eso es insostenible.

La iniciativa que impulsamos propone un cambio de enfoque: pasar de una regulación reactiva a una preventiva. Incorporamos la obligación de identificar al beneficiario final, una debida diligencia reforzada, la verificación registral y agraria de los inmuebles, la revisión de posibles afectaciones a la zona federal marítimo-terrestre y la creación de un Registro Nacional de Fideicomisos en Zona Restringida. Todo ello acompañado de obligaciones claras para fiduciarias y fedatarios, y sanciones proporcionales para quien simule o eluda la ley.

Esta visión no es aislada ni improvisada. Países de la Unión Europea, Canadá y diversas economías desarrolladas han avanzado hacia regímenes de transparencia del beneficiario final, controles estrictos en operaciones inmobiliarias sensibles y coordinación interinstitucional para prevenir lavado de dinero, evasión y especulación territorial. México no puede quedarse atrás.

Regular mejor no inhibe el desarrollo; lo fortalece. La certeza jurídica es el principal activo de cualquier economía seria. Esta reforma protege a las comunidades locales, que tienen derecho a un desarrollo urbano justo y ordenado. Protege a los inversionistas, que merecen seguridad real sobre su patrimonio. Y protege al Estado mexicano, reafirmando su rectoría sobre el territorio nacional.

Legislar con visión de futuro implica tomar decisiones firmes hoy para evitar conflictos mañana. En esa lógica, esta iniciativa no es ideológica ni coyuntural: es una apuesta por un México que crece, sí, pero con reglas; que se abre al mundo, sí, pero sin renunciar a su soberanía; y que entiende que ordenar es también una forma de proteger.