Todos los indicios disponibles apuntan a que el tráfico de combustibles en el país -en todas sus modalidades y orígenes- rebasa o al menos iguala las ganancias que el crimen organizado logra en cualquier otra de sus facetas ilegales, en particular el narcotráfico.
En las primeras semanas de su gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum debió decidir entre golpear o no el negocio del huachicol, una actividad criminal alentada en altas esferas oficiales al menos desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, para acabar desbordada bajo la administración López Obrador.
Fuentes militares, en particular de la Guardia Nacional, reportaron a Palacio en octubre pasado sobre mensajes de un poderoso cartel que exigía liberar el aseguramiento de predios ubicados a tiro de piedra de la refinería de Cadereyta, en la zona conurbada de Monterrey. El decomiso incluía más de siete millones de litros de gasolina, presumiblemente extraídos de las propias instalaciones de Pemex y almacenados en vehículo-tanque. La orden fue reforzar la seguridad en el área.
A ello han seguido acciones como la clausura ya de 1,400 gasolineras en el país al demostrarse que una parte de sus compras de combustible provienen del huachicol, sea para aumentar ganancias, sea bajo extorsión de bandas. Se trata del 10% de las estaciones formales de servicio en todo el país.
De acuerdo con fuentes consultadas, las acciones iniciales, que incluyen ya el decomiso de buques tanques en diferentes puertos nacionales -el denominado “huachicol fiscal”- resultarán limitadas si no se golpea la colusión de intereses criminales, empresariales y políticos que protegen esta actividad.
En Palacio y en las dependencias que atienden esta crisis (Guardia Nacional, FGR, Petróleos Mexicanos, Energía) se analiza enviar un mensaje contundente al pasado inmediato, en particular, durante el manejo de Pemex por su anterior director, Octavio Romero Oropeza, paisano, aliado político y subordinado al expresidente López Obrador desde que éste fue jefe de Gobierno en la capital del país (2000-2005).
Ese golpe supondría tomar control de la refinería de Salamanca, Guanajuato, dominada por el huachicol y a cuya sombra surgió un cartel -Santa Rosa de Lima- que luego entró en guerra con la banda Jalisco Nueva Generación (CJNG), para disputarse el negocio.
El huachicol se expresa en todas las etapas de la cadena: extracción de crudo, refinación, traslado, almacenamiento, abasto de gasolineras y venta al consumidor final. Se produce en ambos lados de la frontera con Estado Unidos. Compra a funcionarios en refinerías, puertos, aduanas, juzgados, vigilancia de carreteras, militares, policías, políticos…
El personaje emblemático de este negocio bajo el gobierno Peña Nieto (2012-2018) fue el general Eduardo León Trauwitz, quiera fuera escolta del exmandatario cuando se desempeñó como gobernador del Estado de México (2005-2011). En 2014 lo designó subdirector de Salvaguarda Estratégica en Pemex. En 2019 fue acusado de coordinar una mafia de robo de combustible, huyó a Canadá y fue extraditado en 2021 a México, donde su proceso exhibe particular lentitud y secrecía.
Apuntes: Hay un ruido creciente, en los ámbitos político y empresarial, frente a las mismas preguntas: ¿Quién es el canciller de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿En verdad Juan Ramon de la Fuente se desempeña como tal? ¿Es Marcelo Ebrard el “todólogo” que negocia con Trump, y el resto del mundo, en toda la agenda: aranceles, migración, energía, inversiones, geopolítica? ¿Quiénes son los hombres y mujeres de la confianza personal de la Presidenta al frente de las misiones en Washington, Nueva York (acéfala hace ocho meses), Madrid, París o Londres? En el momento más complejo de la relación nacional de nuestra historia moderna; ante el aparente fin de ciclo mundial, roto el estatus observado durante 80 años ¿qué está ocurriendo con la diplomacia mexicana?
