Considerando esta realidad, resulta indispensable que la Secretaría de Salud fije mecanismos de transparencia que garanticen la actualización y exhibición de precios en el sector privado.
Senadora del PT por Zacatecas
En México, más del 70% de los hospitales son privados. De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Inegi, entre 2022 y 2024 el gasto familiar en salud se incrementó en 7.9% en términos reales y hasta 23% en hogares pobres, alcanzando un promedio anual de 6 mil 421 pesos por hogar, lo que provoca endeudamiento y afectación en otras áreas del bienestar familiar.
El objetivo es asegurar que los pacientes cuenten con información oportuna para su cuidado, previniendo excesos financieros y opacidad en el servicio. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor debe vigilar el cumplimiento de las obligaciones comerciales y la transparencia en los precios. De este modo, mitigar la desinformación y prevenir cargos indebidos, con la finalidad de fortalecer la protección de la economía familiar.
Actualmente la Ley General de Salud y la Ley Federal de Protección al Consumidor exigen tarifas visibles y claras, pero su incumplimiento persiste, agravando la asimetría informativa. Por ejemplo, el marco jurídico mexicano contiene elementos importantes, el artículo 43 de la Ley General de Salud dispone que los servicios de carácter social y privado estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Salud. En la práctica, se incumple la ley.
Cuando una persona o una familia acude a un hospital, clínica o consultorio privado, no sólo enfrenta una necesidad médica, sino también una decisión económica que puede comprometer de manera importante su patrimonio. La transparencia sobre costos no es un aspecto accesorio o meramente administrativo: es una condición indispensable para que las personas usuarias conozcan el alcance financiero de la atención que contratan y puedan ejercer de mejor manera sus derechos.
En este sentido, contar con información sobre los costos de servicios de salud en hospitales y clínicas privadas, significa proteger el derecho humano a la salud definido por la Organización Mundial de la Salud. Resulta éticamente imperativo evitar que el gasto en salud se convierta en un impuesto a la pobreza. A mayor precariedad familiar, mayor la desigualdad y la injusticia. La salud física y mental no debe ser administrada por el lucro y la usura.
