Fallas impiden avanzar contra feminicidios

Corrupción, falta de capacitación en la puesta en marcha de protocolos, negligencia, además de recursos materiales y humanos insuficientes, son los problemas estructurales que impiden la oportuna aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el combate a los feminicidios no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país, advierten expertos.

Por separado, el grupo de trabajo que analiza la activación de una segunda AVG en la capital del país destaca que existen nueve alcaldías que carecen de estrategias de seguridad para víctimas de violencia de género, ya que adolecen, en gran medida, del proceso de búsqueda de mujeres desaparecidas, además de la insuficiencia para atender esta problemática.

El Sol de México consultó el informe generado por el Grupo de Trabajo que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) instaló para el mecanismo solicitado desde agosto de 2019; el documento concluye con diversas recomendaciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe atender desde enero y terminar en junio de este año.

“Las instancias que atienden mujeres víctimas de violencia, no cuentan con los suficientes recursos materiales y humanos para ejecutar sus labores, además de la rotación constante del personal y la falta de contención emocional", presenta el informe. Particularmente el grupo de trabajo identificó esta problemática en las Lunas (albergues para mujeres violentadas), SEPAVIGES, Hospital Pediátrico Infantil y CAVI, entre otras instituciones.

Este grupo reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Mujeres local por implementar la estrategia Abogadas de las Mujeres, sin embargo, explica que el acceso a la justicia implica la instrumentación de órdenes de protección, acompañamiento, representación jurídica y, en su caso, la reparación del daño, “mismas, que no pueden ser subsanadas únicamente a través de estas abogadas, por lo que esta estrategia resulta limitada”.

Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifiesta: “Las fallas estructurales y las fallas al acceso de la justicia están en los operadores jurídicos. No es la norma, sino quién la implementa, quién la hace valer. Estoy hablando de operadores jurídicos de todos los niveles, de una falta de capacitación y sensibilización de los servidores públicos, pero también de otros actos cuando hablamos de corrupción o cuando hablamos de personas que estén presuntamente vinculadas a temas delictivos”, dijo.

De acuerdo con el informe, 19 entidades federativas cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas de autonomía, con los elementos normativos necesarios para acreditar el delito (privar de la vida a una mujer por razones de género) y con circunstancias descritas de manera objetiva para demostrar las razones de género.