Las sanciones económicas son por contaminar la barranca Echanove con 110 mil kilos de excremento animal, dice el abogado de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P.
Guillermo Sánchez
Afirma el abogado que las sanciones económicas son por el vertimiento de desechos orgánicos a la barranca Echanove, en la alcaldía Cuajimalpa.
Las multas millonarias contra el Refugio Franciscano por contaminación en la Barranca Echanove no han sido ejecutadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, denunció el abogado Fernando García , representante de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
El litigante señaló que las sanciones impuestas por la PAOT derivan de procedimientos administrativos ambientales firmes, pero que, de manera inexplicable, no han sido publicadas ni ejecutadas oficialmente. De acuerdo con el exhorto formal presentado por García, las autoridades competentes deben “proveer lo conducente para que se ejecuten y hagan efectivas todas las multas y sanciones administrativas impuestas al Refugio Franciscano… derivadas de las irregularidades en su operación y de la afectación ambiental provocada en la zona de barranca”.
Durante años, el Refugio Franciscano operó un albergue para perros en un predio de aproximadamente cinco mil metros cuadrados en Cuajimalpa, sin contar con infraestructura hidrosanitaria adecuada, por lo que los residuos orgánicos generados se descargaban directamente a la barranca Echanove, ubicándose dentro de un Área de Valor Ambiental, sometida a un régimen especial de protección para la conservación de ecosistemas, flora, fauna y escurrimientos naturales, precisó el abogado.
Según estimaciones técnicas citadas por la Fundación, el refugio vertió al menos 110 mil kilogramos de excremento animal en la barranca a lo largo de los años, generando contaminación acumulativa en una zona colindante con diversos desarrollos habitacionales en la colonia Lomas de Vista Hermosa.
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Este vertimiento representa un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y los ecosistemas locales, además de implicar una posible responsabilidad administrativa y ambiental derivada de la operación irregular del establecimiento, concluyó García.
Activistas que presentaron el exhorto señalan que la falta de ejecución de las multas evidencia una omisión institucional que afecta la credibilidad en la vigilancia ambiental de zonas con protección especial en la Ciudad de México. El abogado García declaró que la impunidad en este caso puede sentar un precedente preocupante en el tratamiento y control de contaminantes en zonas de alto valor ecológico.
Desde el punto de vista del organismo que realiza las estimaciones técnicas, la cantidad de residuos vertidos —más de 110 mil kilogramos de excremento animal— representa una carga contaminante acumulada que afecta la calidad ambiental de la barranca. Esta área está catalogada como un AVA, lo que implica un régimen de protección especial para mantener sus características naturales. Los desarrollos habitacionales cercanos sufren posibles efectos derivados de esta contaminación crónica.
