Acepta México recomendaciones de ONU sobre derechos humanos

El Gobierno de México aceptó en lo general las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a quien le garantizó que se contará con leyes generales sobre tortura y desaparición forzada. “México tiene el compromiso firme de prevenir y sancionar la comisión de actos de tortura y la desaparición forzada con miras a erradicar estos delitos”.

Ante esta determinación, el señalado organismo multilateral dio la bienvenida a los compromisos de nuestro país, saludando “el constructivo diálogo en curso con el Gobierno mexicano” y ratificó que trabajará de la mano de las autoridades nacionales para que estas encomiendas beneficien a nuestra sociedad.

En un documento, signado por la Cancillería, Gobernación y la PGR, la administración de Enrique Peña Nieto se compromete además a garantizar la implementación de estándares de derechos humanos a todos los niveles, mantener un trabajo estrecho con la sociedad en esta materia. Las recomendaciones de Naciones Unidas se aprecian, pues, “constructivas y en general son atendibles”.

Como se sabe, el Gobierno de México presentó ayer formalmente ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, la respuesta escrita al conjunto de recomendaciones que hizo a México, resultado de su visita a nuestro país en octubre del 2015.

En este encuentro en la sede de la ONU, en Nueva York, el Gobierno mexicano reiteró su colaboración con la señalada Oficina, a fin de fortalecer la implementación de acciones y políticas dirigidas a asegurar el pleno respeto a los derechos humanos no solo en México sino en los foros multilaterales competentes.

Y precisa que el carácter federal de nuestro país, implica que el seguimiento corresponderá a otros actores más allá del Poder Ejecutivo. Destaca que el diálogo continuo con la Oficina del Alto Comisionado será de relevancia a fin de continuar trabajando por una promoción y protección efectiva de los derechos humanos en México.

Se añade que el Estado Mexicano da puntual respuesta a cada una de las 14 recomendaciones y el seguimiento que se les podrá dar. Para ello, el diálogo continuo con la Oficina del Alto Comisionado será de relevancia a fin de seguir trabajando por una promoción y protección efectiva de los derechos humanos en México.

La primera recomendación del Alto Comisionado es establecer un Consejo Asesor de renombrados expertos en este campo y el combate a la impunidad para asesorar al Estado Mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país.

La respuesta enfatiza que esta recomendación podría atenderse mediante el establecimiento de un Órgano Nacional de Derechos Humanos que cuente con un grupo asesor de personalidades en la materia y le informa al Alto Comisionado que el país ya cuenta con instituciones autónomas que promueven y defienden estos derechos y también se abocan al combate a la impunidad.

En otra propuesta se pide fortalecer los esfuerzos para asegurar que todas las violaciones graves a los derechos humanos incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas sean investigadas y sancionadas adecuadamente, por una oficina especializada de alto nivel en la Procuraduría General de la República.

La respuesta de la autoridad mexicana es clara: “se coincide con esta recomendación y se reafirma el compromiso con la adecuada investigación de violaciones a los derechos humanos. Por ello, la PGR cuenta con una Subprocuraduría que a su vez tiene Fiscalías y Unidades Especializadas en la investigación de distintas violaciones graves a los derechos humanos.

En la recomendación sobre el Código de Justicia Militar, se precisa: “Si bien se da la bienvenida a las reformas de 2011 y 2014 para limitar la jurisdicción militar, se recomienda reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones a derechos humanos cometidas contra militares.

No obstante, cabe señalar que a partir de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos en el 2011, las autoridades civiles “cuentan con un marco jurídico suficiente y reforzado para conocer sobre casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidos por personal militar. Es decir, cualquier afectación a los derechos humanos cometidos en agravio de un militar puede ser revisada o recurrida ante tribunales ordinarios, a través de un juicio de amparo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

La recomendación sobre “Seguridad Pública en línea con los derechos humanos y complementar los esfuerzos iniciados por el Gobierno para promover un enfoque de seguridad con mayores medidas, para contar con políticas en la materia y que las instituciones que las ejecutan cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, así como garantizar una efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas”.

Ante ello, “el Gobierno está de acuerdo con el fondo de esta recomendación”. Señala que se continuará con los trabajos a fin de asegurar el enfoque de seguridad ciudadana en la Seguridad Pública por medio de programas como el Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

“Se analizará esta recomendación, consciente de la necesidad de sostener un debate al respecto y continuar las consultas con los diversos actores involucrados. No obstante que no se cuenta con un instrumento normativo único en la materia, es importante destacar que las instancias de seguridad pública cuentan ya con lineamientos que regulan el uso de la fuerza con estricto apego a estándares internacionales de derechos humanos”.

Sobre la creación de una institución nacional forense que sea autónoma e independiente, con recursos suficientes, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales, México responde:

Sobre el registro de todas las detenciones, mediante la adopción de una Ley Nacional que establezca un listado unificado de todo tipo de detenciones y personas privadas de libertad, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones, se responde: “se considera una idea muy interesante y se reafirma la intención de continuar mejorando los registros de detención”.

Acerca de los pueblos indígenas y sus garantías y la recomendación de que sean consultados de manera adecuada, cuando se planeen o tomen medidas que afecten sus derechos, México responde que se coincide con esta recomendación y reitera que se continuará trabajando en la implementación del Programa Especial de Pueblos Indígenas 2014-2018.

Respecto a las políticas públicas a favor de las mujeres, particularmente las destinadas a combatir la violencia, el Gobierno mexicano dice que “coincide con la importancia de la recomendación y en la necesidad de trabajar de manera integral a fin de erradicar la violencia contra la mujer”.