César y Javier Duarte podrían salir de prisión

Javier y César Duarte, exgobernadores de Veracruz y Chihuahua respectivamente, comparten algo más que el apellido. Ambos pertenecen al grupo que el expresidente Enrique Peña Nieto calificó como “el nuevo PRI” al inicio de su sexenio, pero hoy se encuentran tras las rejas en medio de sonados casos de corrupción.

Y de darse una serie de elementos, en 2022 podrían compartir la buena fortuna de salir libres de prisión. En el caso de Javier Duarte, basta con que logre frustrar la acusación por desaparición forzada que pesa en su contra y, en la sentencia que paga por lavado de dinero, tramitar su libertad anticipada por buen comportamiento.

Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de 2016, año en que se reveló que, a través de diversas dependencias de su administración, que funcionaron de manera coordinada, se desviaron fuertes sumas de dinero a través de empresas que solo existían en papel.

Pidió licencia unas semanas antes de acabar con su encargo y escapó del país tras la información de que existía una orden de aprehensión en su contra. El 15 de abril de 2017 fue detenido en Guatemala y posteriormente extraditado a México por los presuntos delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.

A principios del mes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada. Desde mayo de 2018, una jueza federal ordenó la detención del exgobernador por dicho delito, pero debido a que el Gobierno de Guatemala no había dado su permiso para que fuera procesado por éste, pues lo entregó en extradición por cargos distintos, la acusación se retrasó.

También fue acusado de participar en la Operación Zafiro, mediante la cual fueron desviados recursos del erario público para la campaña del entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y las del PRI en 2015. Otro de los señalamientos en su contra tiene que ver con presuntamente haber usado recursos del gobierno para impulsar la creación de un banco del que resultó ser socio.

Lo último que se sabe sobre su caso es que un juez ordenó a la Fiscalía de Chihuahua restituir los 10 ranchos que le fueron confiscados, tras considerar que el privar a Duarte de esos inmuebles violaba el debido proceso. La actual gobernadora, Maru Campos, y la Fiscalía aseguraron que los bienes no se entregarán toda vez que siguen sujetos a procedimientos en la vía penal.

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