El Estado le ha fallado a presos: World Justice Project

El Estado mexicano ha fallado y está incumpliendo con la readaptación social de las personas que se encuentran presas en las cárceles, debido a que no existe una política clara para solucionar un problema que ha crecido con el paso del tiempo: la incorporación a la sociedad de los que delinquen, sentenció World Justice Project México.

Para esta organización las cárceles del país se han convertido en universidades especializadas en el crimen y no en promotoras de reinserción social. Leslie Solís Saravia, investigadora de World Justice Project, alertó que los centros de readaptación social más peligrosos y corruptos son los que se ubican en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

En entrevista con El Sol de México, la especialista criticó el actuar de las autoridades mexicanas al no garantizar a la población en penales, principalmente jóvenes, un adecuado programa de reinserción social basado en la educación y en la intención de no seguir delinquiendo.

“Las cárceles son controladas por los mismos internos, dejando de lado el papel de las autoridades”, subrayó Solís Saravia. Y agregó que en las cárceles hay privilegios. “Dentro de esos privilegios existen la presencia de objetos prohibidos, sustancias prohibidas, hay internos que ejercen violencia o control en el resto de la población”.

Expuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que el autogobierno es definido como un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos con relación a los servicios de seguridad y en las acciones que se realizan al interior por lo que los internos llevan a cabo responsabilidades que le corresponden al personal penitenciario.

“Las cárceles que más nos preocupan son el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Sur en CDMX; el Centro de Inserción Social de Puebla; el Centro de Prevención y Readaptación Social de Chalco, en Estado de México, y el Centro de Prevención y Readptación social en Nezahualcóyotl, en el Estado de México”, indentificó.

Además, el 30 por ciento no tiene acceso a agua potable y el 18 por ciento no cuenta con una cama propia.Entre estos datos, existe uno que nos llamó la atención: “a nivel nacional el 11 por ciento cuenta que tuvo que realizar pagos indebidos o ilegales para recibir servicios o bienes que el centro penitenciario debería proporcionar como el pase de lista recibir comida, visitas, para tener luz eléctrica o para tener protección”.

La investigadora manifestó que es muy importante trabajar en condiciones para garantizar que las cárceles sean espacios con gobernabilidad, sin abusos y sin privilegios y en donde se repiten los derechos humanos. “Sin la gobernabilidad y sin el respeto a los derechos de las personas privada de la libertad no va a ser posible que el Estado mexicano cumpla con su función de reinserción social”.

“Muchas de estas personas vienen de contextos o situaciones de vulnerabilidad. Estas personas vienen de ambientes familiares violentos falta de oportunidades o de situaciones personales o familiares que nunca le s han dado oportunidad y nunca han contado con oportunidad de desarrollo pleno”, aseveró.