Ni siquiera su capital se salva, al estar en trigésimo tercer lugar del planeta por su tasa de homicidios dolosos per cápita. En ella, la violencia se ha normalizado y se descalifica a quienes la padecen acusándoles de estar en “malos pasos”.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
Ha causado polémica nacional la evidente desactualización e inaplicabilidad que guarda el Manual de Seguridad Escolar (MSE), elaborado por la Secretaría de Educación Pública, con colaboración de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en 2012, en el marco del programa Escuela Segura. El objetivo de su redacción fue emitir protocolos y recomendaciones para proteger a las comunidades educativas de la inseguridad y de la violencia.
La demanda estriba fundamentalmente en el incremento exponencial de la violencia y amenazas a la seguridad que han surgido contra las comunidades escolares durante esta docena de años transcurridos, así como en que el corazón de las acciones que establecía el MSE se encontraban los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) y sus comités de Protección Civil y de Seguridad Escolar, sobre las cuales se descargaban prácticamente las acciones previas, en el momento de la crisis y posteriores a ella, donde se buscaba convertir todo suceso en experiencia pedagógica. Desde hace cuatro años, conformar los CEPS dejó de ser obligatorio y el MSE se convirtió en letra muerta. Las consecuencias pueden anticiparse.
Sobreponiéndose al contexto mencionado, la protección a las comunidades escolares debe actualizarse ante la situación de extrema violencia e inseguridad del México contemporáneo, donde tenemos más de una decena de ciudades ubicadas entre las 50 más violentas del orbe, por la tasa de homicidios dolosos cometidos por cada cien mil habitantes, así como a 9 de las 10 primeras, ubicadas en estados como Michoacán, el cual se ha caracterizado por la muy baja calidad educativa, por estar en los últimos lugares en indicadores socioeducativos y por una muy fuerte presencia de la delincuencia organizada, justo en las regiones y municipios que más flaquean en el rubro educativo.
En el interior del estado, las circunstancias suelen ser mucho más graves. Recordemos los hechos de sangre que salpicaron las protestas de padres de familia en Ciudad Lázaro Cárdenas, así como el cierre anticipado de las escuelas en diciembre pasado por la violencia delincuencial en el municipio de Múgica, hechos que mantuvieron a miles de estudiantes fuera de las aulas.
México, en 12 años ha duplicado el número de muertos por homicidio doloso. Es imprescindible poner atención en los focos rojos, con coordinación interinstitucional, más recursos y canalización de circunstancias específicas, trabajando en la prevención de la violencia, construyendo senderos probados de vida para que los estudiantes los transiten hasta lograr ser la mejor versión posible de sí mismos.
Aunado a lo anterior, es importante anticipar los riesgos que implica la compraventa de drogas, así como el consumo esporádico y continuo de drogas, la intoxicación con drogas sintéticas como el fentanilo, así como prever e indicar cómo subsanar los posibles efectos entre los integrantes de las comunidades escolares de nuestro país.
Paralelamente, deben contemplarse los riesgos de salud socioemocional que pueden propiciar violencia, contra cualquier integrante de la comunidad escolar, así como autoinfligida, ya que, al igual que las tasas de homicidio, también las de suicidio se han incrementado en estos 12 años. La oportuna detección, canalización y seguimiento permiten conjurar circunstancias que podrían alcanzar dimensiones trágicas, amalgamadas con una contracultura orientada a la muerte y a la desvalorización del esfuerzo y del estudio.
Actualizar el MSE, conforme a los recursos, condiciones y fortalezas existentes en la entidad, así como robustecer las intervenciones coordinadas y articuladas del sector gubernamental para arropar a las comunidades escolares, dotando de recursos humanos, financieros y logísticos a tales acciones constituyen prioridades inaplazables en el contexto del Michoacán contemporáneo, toda vez que los comités y normatividades existentes en la entidad también datan de más de una década atrás y no han elaborado productos ni tampoco han generado resultados trascendentes. Es momento de generar un punto de inflexión y afrontar la inseguridad que ronda las escuelas michoacanas, superando esta asignatura pendiente.
