Dura lex, sed lex
Dura es la ley, pero es la ley
Por un momento olvidemos la política y el derecho, regresemos a lo esencial, ¿qué haría usted en su casa? ¿Cubriría usted las necesidades de la existencia material o los caprichos de la mente? Su casa es mi casa, nuestra casa es México.
Las disputas y jaloneos entre poderes institucionales han estado presentes en la historia de las democracias formales, aún en la construcción del edificio europeo. No obstante, la tirantez que ha generado el cambio de poderes en México -asusta a quienes no ven allende sus fronteras ideológicas e intereses de corto plazo- rebasa la acostumbrada complicidad entre los altos estamentos de los poderes, por ello hay un ruido excesivo.
Nos encontramos en el inicio de un proceso sobresaliente e irrevocable: el cambio de régimen. Ese, cuya hoja de ruta contiene el llamado de la cuarta transformación (4T), cuyo eje de austeridad republicana ha generado tantos miedos humanos como diferencias propias de la vida democrática -en la perspectiva de la división de poderes- y que no deben alarmar a nadie. Todo lo contrario, si se quiere vaticinar, debería ser en positivo porque se trabaja en favor de la transparencia, y eso es lo que necesita cualquier inversor institucional, y sobre todo una ciudadanía en democracia. Una buena carta para presentar por el secretario de Hacienda, si es él quien acude al Foro de Davos, en enero, en representación del Presidente de la República.
Desde las riendas del Poder Judicial se oponen -de la mano con algunos poderes satelitales hoy ampliamente conocidos como el #PRIAN que sobreviven en las Cámaras- a la adopción de la Ley de Remuneraciones, para mantener un estado catatónico que impida la aplicabilidad del artículo 127, fracción II, de la Constitución, escudándose en el artículo 94 -reformado el 6 de junio de 2011- que señala que la remuneración de los ministros, magistrados, jueces y consejeros no podrá ser disminuida durante su encargo.
Al parecer los barones del Poder Judicial no quieren darse cuenta que su docta oposición -a los ojos de la población en general- les convierte en simples leguleyos, porque todo mundo sabe de los excesos y del divorcio del poder que ellos representan, ante la sociedad; al final del día, la controversia se dirimirá, en sus tiempos y en sus foros, con un resultado previsible en lo político: el titular del Ejecutivo saldrá fortalecido, mientras los aún poderosos magistrados -parte del entramado institucional de la división de poderes, de los deseables contrapesos- un poder derivado de aquellos a los que el voto libre les llevó a los escaños y a la titularidad del Ejecutivo, muy probablemente saldrá debilitado, desacreditado y rechazado, por algún tiempo.
Si tratamos de seguir el ideario del Presidente, podemos recurrir a un contexto más amplio, con este u otro ejemplo. Cuando el derecho a la alimentación (derecho humano) -artículo cuarto constitucional- no se garantiza, por insuficiencia de recursos, qué haría usted. ¿Se mantiene el orden de las cosas o con los elementos jurídicos a la mano, se hace una quita de privilegios, cuando estos por su vigencia, inhiben la existencia material de otros humanos?
Las diferencias entre “los privilegiados” y “los de abajo” son abismales; visto lo visto, podría afirmarse que algunos servidores públicos parecen escudarse en el derecho, olvidando la antropología de la disciplina, es decir la antropología del derecho. Y más aún, olvidan que el derecho está al servicio del hombre, no del derecho mismo, ni mucho menos de mantener privilegios en un país tan rico, y tan mal administrado -en instituciones públicas de la República- pagados con los recursos de la Hacienda Pública. #GR (F)
