En Michoacán la efervescencia social no cede y las evidencias van más allá de lo imaginable. Por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum puede recorrer zonas afectadas por siniestros naturales como Poza Rica y con amabilidad recibe los airados reclamos de miles de habitantes, pero ni por equivocación puede adentrarse en tierras michoacanas.

El equipo de Palacio Nacional lo sabe y por esa razón el llamado “Plan Michoacán” se presentó en la Ciudad de México. Aún pasarán muchos meses para que la mandataria pueda visitar la tierra de Carlos Manzo. A ese grado llega la ebullición social.

Se debe subrayar este punto, la agitación se debe a las numerosas pruebas de nexos entre política y delincuencia organizada. Como sucede en tantas regiones del país no se trata de un caso aislado. Son varios los agentes que están involucrados con criminales.

Luego del homicidio en Uruapan las primeras pesquisas arrojaron el nombre de una cabeza visible. El primer eslabón en la cadena es Jorge Armando Gómez, alias “El Licenciado”, quien de hecho es un personaje menor; opera bajo las órdenes del clan de “Los R”, los hermanos Ramón, Rafael y Roldán Álvarez Ayala, este último es la figura política de la familia.

Los hermanos Álvarez Ayala son la perfecta simbiosis entre política y crimen ya que son los jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tienen el control de la franquicia de Nemesio Oseguera en tierras michoacanas. Utilizan la política para acrecentar su poder delictivo y viceversa.

Sin embargo, no son el único grupo. En varias declaraciones Carlos Manzo señaló directamente a Ignacio “Nacho” Campos Equihua, ex alcalde de Uruapan, como otro de los involucrados con la delincuencia. Ese personaje es protegido del Senador Raúl Morón Orozco, considerado el cerebro de los acuerdos con los cárteles que operan en Michoacán. Desde este momento Morón se perfila como el próximo candidato de Morena a la gubernatura.

Ese cobijo permite a los cárteles operar a niveles que no se observan en otros estados. Los grupos michoacanos utilizan minas explosivas en caminos rurales, tal y como sucedía en Afganistán; se enfrentan utilizando drones de fibra óptica de última generación como los que vuelan en la guerra Ucrania – Rusia; tienen asesores colombianos para el manejo de artefactos explosivos que lanzan desde esos drones; a través de la extorsión perciben ingresos de decenas de millones de pesos cada mes.

Los datos están sobre la mesa. Sin embargo, aún no sabemos hasta dónde llegarán las acciones del gobierno federal. Está por verse si están dispuestos a desmantelar la escalera de la narcopolítica michoacana hasta sus más altos escalones o solo se quedarán con la captura de “El Licenciado”, el eslabón más débil.