Ratificado por el senado el ex Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero para ser el nuevo embajador de México en Reino Unido, Josefa González Blanco deja el puesto el 7 de enero de 2026, así que no fue por las acusaciones de malos tratos durante su gestión, que inició el 23 de abril de 2023. No es un tema menor, es un asunto que genera pensamientos encontrados.

Así como la extracción del dictador Nicolás Maduro por el gobierno norteamericano liderado por su presidente Donald Trump, que es celebrado por los que creemos en la Democracia como el sistema que debe predominar para evitar la centralización del poder, para evitar el autoritario o la dictadura; al mismo tiempo, no podemos evitar el rechazo a quien desprecia el Derecho Internacional y la soberanía de los pueblos. Qué bien que se va la Maestra en Artes Transformativos, González Blanco Ortiz Mena, a pesar de que llega un personaje que justifica no quedarse hasta el 18 de enero de 2028, cuando debía concluir el mandato de 9 años, porque “Había que hacer un cambio en mi vida pública” según declaró.

Las 16 denuncias de trabajadores por “hostigamiento, malos manejos de recursos y ´apagar´ la relación bilateral, nunca surtieron efecto”, según una nota de El País; con alta rotación entre renuncias y despidos, los empleados “ganaron en sus denuncias ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética, en las que detallaron el ambiente de estrés y acoso” pero la Cancillería nunca tomó alguna medida al respecto.

Hay un antecedente que probablemente pinta un poco más el perfil de la servidora: el 25 de mayo de 2019 dejaba la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, renunció después de haber causado retraso en un vuelo comercial porque llegaba tarde. Pero parece que no aplicó lo que publicó en su cuenta del entonces twitter “El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría”. De esa manera se “cayó para arriba”, como dice un refrán relacionado con la política.

Pero aquí el tema de las denuncias son clave para que un servidor público, trabajador bajo el mando de jefaturas, así como los ciudadanos comunes veamos la efectividad de la aplicación de la ley. Si bien los hechos relacionados con hostigamiento laboral y abuso de poder son complejos de encuadrar legalmente, son aparentemente fáciles de “fabricar”. Los juzgadores, al menos en un Comité de Ética, deben armarse de objetividad y revisión de evidencias para que haya coincidencia entre los dichos y los hechos, además de los testigos de las presuntas víctimas, a quienes se les prepara una encuesta para identificar y precisar la verdad.

Las pruebas relacionadas, como videos, capturas de pantalla, grabaciones, son imprescindibles en una denuncia, pero al final el contexto hace la diferencia; porque es regular que el denunciante encuadre sólo lo que a su beneficio convenga ¿por qué? Si es despedido, para inculpar a otros de sus negligencias. De cualquier forma, la justicia debe hacerse presente y no es vano someter al servidor al escrutinio que dilucide su actuar; claro, me refiero al servidor que tiene una denuncia, pero en el caso que nos ocupa, 16 no son para pasar por alto.

El servicio público exige mucha capacidad de adaptación y preparación especializada, constante y actualizada; además de ofrecer a la ciudadanía un trabajo responsable, transparente, dedicado y honorable, también debe cumplirlo al interior de su dependencia, eso se llama integridad en el servicio. Sin embargo, el escrutinio público es también mucho más exigente. Así que los funcionarios públicos, como afirmó Max Weber, tienen el compromiso de ser la maquinaria del Estado para dar resultados a prueba de todo; en un servicio casi estoico, que igual nunca será reconocido. Pero sólo como seres humanos, si hay 16 personas que acusan injusticias, tal vez no sea el servidor que requiere el Estado. Habrá que pensarlo.