EN PUNTO

Sobre el más reciente integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla, el joven Pedro Antonio Martínez Hernández, que no llega a los 30 años de edad, han comenzado a pesar algunos señalamientos.

Y no solamente por su polémica incorporación como magistrado consejero al ser menor de 35 años, sino por el comportamiento que, a decir de algunos de sus compañeros y abogados que tienen relación directa con sus funciones, ha mostrado desde que ascendió a esa posición el pasado 4 de agosto.

Allá en el Poder Judicial se sabe que el nombramiento de Martínez Hernández atentó contra los puntos II y III del artículo 89 de la Constitución poblana, que dice que para ser magistrado se requiere tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación y poseer título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de 10 años.

Esa vez pasó triunfante las aduanas jurídicas gracias al magistrado José Montiel Rodríguez, quien hizo todo tipo de maromas para justificar la designación.

Lo que no todos saben, pero comienzan a conversar a manera de cotilleo, es de la presunta hiperactividad de este magistrado para meter su nariz en cuanto asunto puede, para luego opinar en tono de indicación para emitir los fallos judiciales que le interesan en un sentido o en otro.

Su jefe debería poner atención.

Y cuando se escribe “su jefe” no se hace alusión al presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez, que desde que andaba por ahí la magistrada María Guadalupe Muñoz Pérez ya no era capaz de dar una instrucción, sino al verdadero, quien lo puso ahí.

En medio del escándalo expuesto en columnas y medios periodísticos por supuestos actos de corrupción cometidos desde las altas esferas de la Fiscalía General del Estado (FGE), para el régimen de Morena no sería bueno enfrentar ahora un conflicto en el Poder Judicial.

Menos en el Consejo de la Judicatura, el órgano de gobierno del Poder Judicial que oficialmente se encarga de la administración, vigilancia, evaluación y disciplina de todos sus integrantes, así como de velar por la independencia de magistrados y jueces.

Para mayores datos, el jefe de Martínez Hernández podría preguntar por el expediente de número 188/2020, radicado en el juzgado octavo de lo mercantil. Ahí encontrará varias respuestas.

El lunes El Sol de México publicó una elocuente y reveladora columna acerca de este mismo caso:

https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/el-espectador-el-expediente-de-pedro-antonio-martinez-hernandez-no-cuadra-26722941

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Desde la sede del Comité Directivo Estatal del PRI se comunicaron al buzón de esta columna para negar que existan desde ahora y por adelantado dados cargados a favor de la eventual postulación de Lorenzo Rivera Nava como presidente de ese partido.

Según esta especie, que si no suena convincente al menos habrá que respetar, el expresidente municipal de Chignahuapan no tiene ningún padrino político al interior de la dirigencia nacional como para dar por sentado que tiene garantizado el ascenso a la posición que hasta hace unos meses ocupó Néstor Camarillo Medina (metido ya en Movimiento Ciudadano) y hoy se encuentra en poder, solo de manera temporal, del guerrerense Juan José Castro Justo.

La fuente que se comunicó con El Sol de Puebla asegura que es importante que todos los aspirantes a la presidencia estatal del PRI sepan que habrá piso parejo en la contienda y que estarán en condiciones de igualdad para pelear por ese cargo de dirigencia.

Cumplida la réplica.

Habrá que ver ahora qué ocurre el próximo año, cuando el partido tricolor emita su convocatoria y realice el proceso de renovación.

No es gratuita la desconfianza en las contiendas internas del PRI.

Por algo (mucho en realidad) se duda de sus dirigentes y, aunque duela, de su palabra.

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