Esta semana no es una más en la Cámara de Diputados. Es una semana que ya se está colocando en la historia laboral del país. La discusión y eventual aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas no es un capricho, no es una ocurrencia y mucho menos una concesión populista, como algunos han querido instalar en el debate público. Es un paso lógico, justo y necesario en un país donde durante décadas se normalizó el agotamiento como si fuera sinónimo de productividad.

La historia reciente nos da contexto. Cuando se propuso el aumento al salario mínimo, escuchamos exactamente la misma cantaleta: “se van a perder empleos”, “las empresas van a quebrar”, “la economía no lo va a soportar”. Nada de eso ocurrió. Al contrario, el salario mínimo se convirtió en uno de los mayores aciertos de la Cuarta Transformación: fortaleció el mercado interno, mejoró el poder adquisitivo y dignificó el trabajo. Hoy, quienes se oponían guardan silencio… o disfrutan los resultados.

Con las 40 horas está pasando lo mismo. Los mismos miedos reciclados, los mismos discursos alarmistas y la misma resistencia al cambio. Pero esta semana también está ocurriendo algo distinto y profundamente relevante: el respaldo no viene solo de la base trabajadora —que por años ha exigido mejores condiciones—, sino también de sindicatos y de sectores empresariales que entienden que el país no puede seguir compitiendo con reglas laborales del siglo pasado.

El Partido del Trabajo ha sido claro y consistente: esta lucha tiene historia y tiene nombre. Fuimos quienes pusimos el tema sobre la mesa cuando muchos preferían evadirlo, postergarlo o usarlo solo como bandera discursiva. Hoy, que la discusión se da con seriedad, con datos, con diálogo y con responsabilidad, se demuestra que el país está madurando políticamente.