En los últimos días, lo que debería ser una escena cotidiana en los Parques Tangamanga se ha convertido en motivo de molestia… Ciudadanos que acuden a convivir, hacer deporte o celebrar un cumpleaños, de pronto se encuentran con cobros que no sabían que existían. Toldos, mesas, sillas, canchas o incluso actividades grupales en áreas verdes tienen un costo. El problema no es sólo el cobro, que por sí solo resulta injusto, sino la forma en que se ha instalado en la vida pública, sin información clara, sin socialización previa y de manera sorpresiva.

¿Qué significa realmente que un espacio sea público? Cuando reunirse en familia, organizar una convivencia o practicar deporte comienza a tener un costo, el sentido mismo del espacio público se desdibuja y se acerca a una lógica de servicio sujeto a tarifa. Los parques no son salones de eventos ni espacios privados concesionados; son lugares de encuentro, recreación y vida comunitaria. Cobrar por actividades cotidianas como convivir, organizar una clase grupal o utilizar una cancha para deporte amateur, implica una redefinición silenciosa de lo público.

A esto se suma un elemento que ha generado molestia legítima: la falta de información. La mayoría de las y los usuarios los Parques Tangamanga desconocían por completo la existencia de estos cobros. No basta con que estén contemplados en la ley, al gobierno le corresponde informar de manera clara, accesible y oportuna la existencia de esta reglamentación, pues si una disposición que afecta directamente a la ciudadanía, no se comunica adecuadamente, se convierte en una sorpresa incómoda que erosiona la confianza en las autoridades.

Estos cobros no son nuevos, existen desde hace al menos dos administraciones estatales, sin embargo, el hecho de que vengan del pasado no los vuelve correctos. Al contrario, evidencia una mala práctica que se ha normalizado con el tiempo y que ningún gobierno, incluyendo el actual, ha querido revisar de fondo.

Finalmente, hay una pregunta que no puede quedar sin respuesta: si se está cobrando por el uso de estos espacios públicos, ¿qué sucede después con ese dinero? La transparencia no es opcional, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se recauda, cómo se administra ese recurso y si realmente se reinvierte en el mantenimiento y mejora de los propios parques. Si el argumento para cobrar es mejorar los espacios, entonces los resultados deben ser visibles y medibles, de lo contrario, se convierte únicamente en un mecanismo de recaudación sin beneficio tangible para quienes hacen uso de estos lugares.

El problema no es únicamente el cobro en sí, sino lo que representa: una redefinición del espacio público, la falta de información hacia la ciudadanía y la ausencia de claridad en el uso de los recursos. Debemos garantizar que los espacios sigan siendo verdaderamente públicos, accesibles y pensados para la convivencia, no para la recaudación. Defender el espacio público también es defender el derecho de la gente a usarlo sin condiciones.