El reciente paquete económico para 2026 enviado por el Ejecutivo estatal al Congreso del Estado para su análisis, que contempla un Presupuesto de Ingresos y Egresos por 70 mil 461 millones de pesos, representa un momento de gran responsabilidad para quienes tenemos la obligación de vigilar y aprobar los recursos que habrán de gestionarse en favor de las familias potosinas.
Como legislador comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y los intereses sociales, asumo que este proceso exige un escrutinio cuidadoso. Si bien la cifra global implica un incremento modesto, es indispensable analizar si ese crecimiento presupuestal realmente se traducirá en mejores servicios y en atención efectiva a las necesidades de la población.
Es positivo reconocer que en este proyecto se contempla un aumento al presupuesto de Educación, incluyendo una mayor aportación estatal a la UASLP. Sin embargo, preocupa que muchos organismos autónomos, así como diversos poderes del Estado, enfrenten incrementos mínimos o asignaciones que difícilmente alcanzan a cubrir sus demandas operativas, especialmente ante la inflación, obligaciones laborales, resoluciones judiciales y requerimientos institucionales crecientes.
A ello se suma un factor que no puede pasarse por alto: los recursos federales asignados a IMSS-Bienestar y a los servicios públicos de salud en San Luis Potosí se reducirán drásticamente en 2026. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) sufrirá una caída de alrededor del 53%.
Este recorte no es un ajuste menor ni una variación técnica. Se trata de una modificación estructural: los fondos que antes llegaban directamente al estado para garantizar salarios, insumos, operación hospitalaria y abasto de medicinas, ahora serán canalizados a una bolsa administrada desde la Federación, con criterios que aún no se han explicado con claridad. En este contexto, el análisis del presupuesto estatal se vuelve todavía más crucial, pues debe compensar, al menos parcialmente, las limitaciones derivadas de la política centralista en salud.
Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, creemos que un presupuesto responsable debe reflejar prioridades reales: salud digna, educación de calidad, combate a la desigualdad y atención efectiva a los sectores vulnerables. Este análisis no puede ser mecánico ni complaciente. Debemos revisar con detalle cada partida, escuchar a las instituciones autónomas, a los municipios y a la sociedad civil. No basta con aprobar cifras: se debe exigir un compromiso real de transparencia, de rendición de cuentas y de priorización hacia quienes más lo necesitan.
Detrás de cada número hay una persona que espera atención médica, una familia que confía en la educación pública, una comunidad que necesita seguridad y servicios. Ese es el centro del debate. No estamos discutiendo partidas, estamos decidiendo el futuro de nuestra gente. Ese futuro exige seriedad, equilibrio y un profundo compromiso con el bien común.
