Entre balas y urnas sindicales
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Sinaloa, 11 de marzo de 2026
En Sinaloa, la violencia ya no distingue fronteras: alcanza la calle, el Congreso y ahora también los procesos sindicales. El ataque a balazos contra el domicilio del líder electo del Stasac ocurre en un contexto que difícilmente puede verse como un hecho aislado. Días antes de la votación hubo pintas intimidatorias; semanas atrás, dos diputados fueron atacados. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa pide cautela y asegura que es “muy pronto” para vincular los casos.
La prudencia institucional es necesaria, pero también lo es reconocer patrones. Cuando las amenazas anteceden a una elección y después sobreviene un atentado, la sociedad no exige conclusiones anticipadas, sino investigaciones profundas y transparentes. Minimizar la posibilidad de conexión puede interpretarse como una desconexión con el clima real que se vive.
La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo tiene razón en que las hipótesis deben construirse con pruebas, no con especulaciones. Pero la ciudadanía también tiene razón en desconfiar cuando la violencia parece rodear disputas políticas o sindicales sin consecuencias claras.
El caso del ataque contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, aún bajo investigación, se suma a un entorno donde los mensajes de intimidación sustituyen al debate democrático. Que un dirigente sindical electo reciba balazos en su vivienda no es un asunto menor ni un simple daño material; es un mensaje.
El problema de fondo no es solo si ambos hechos están conectados, sino el deterioro del espacio público. Cuando las disputas laborales o políticas se enmarcan en amenazas y armas, la democracia se encoge. La autoridad debe ir más allá del “es muy pronto” y garantizar resultados, porque en Sinaloa lo que ya es demasiado tarde es la violencia normalizada.
