La visita de Omar García Harfuch a Culiacán dejó más dudas que certezas. En medio de un estado que aún respira incertidumbre, el mensaje oficial insiste en una narrativa que no termina de empatar con la realidad que viven los sinaloenses todos los días.

Porque el problema no es lo que se dice, sino lo que no cambia.

En los hechos, la presencia del gabinete de seguridad en Sinaloa se ha vuelto una especie de ritual político. Visitas periódicas, reuniones de alto nivel, discursos medidos. Pero en el terreno, donde realmente importa, los resultados siguen siendo insuficientes o, peor aún, imperceptibles.

La experiencia ya ha demostrado que llenar las ciudades de cámaras no garantiza seguridad. Son herramientas útiles, sí, pero limitadas frente a la dimensión del fenómeno criminal que enfrenta Sinaloa. Apostar otra vez por esa narrativa tecnológica parece más una salida fácil que una solución real.

Mientras tanto, la violencia no desaparece al ritmo que se anuncia. Se transforma, se desplaza, se dosifica. Y en ese contexto, la ciudadanía percibe algo inquietante: que las autoridades están más enfocadas en administrar la crisis que en resolverla.

La pregunta sigue en el aire y cada vez pesa más:

¿A qué vino Harfuch?

Si la respuesta es reiterar lo ya dicho, sostener una estrategia sin cambios visibles y prolongar una sensación artificial de avance, entonces su visita confirma lo que muchos temen: que la “normalidad” que se intenta construir no es más que una narrativa política adelantada a los hechos.

Porque en Sinaloa, la realidad —todavía— va por otro camino.