No existe mayor crisis actualmente en el país y en Sinaloa que la de las personas desaparecidas. La cuenta de 133 mil desaparecidos, 72 mil cuerpos sin identificar, hasta 5 mil 696 fosas clandestinas encontradas por colectivos de búsqueda y una impunidad que es casi absoluta en todo el país.

Aunque nunca debería dejar de estar en la discusión pública ni dejar de ser la principal exigencia no solo de la sociedad civil, sino del propio gobierno en la búsqueda de soluciones para encontrar a los desaparecidos y, a la vez, prevenir esta situación, recientemente el tema ha vuelto a estar en la agenda pública. Esto se debe a que no solo el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha reconocido que México se encuentra en una crisis sin precedentes que rebasa las capacidades de las autoridades mexicanas; también, el día de ayer, Amnistía Internacional urgió a declarar la crisis de desapariciones en México como una emergencia nacional, respaldando la activación del artículo 34 de la Convención Internacional de las Naciones Unidas. La organización llamó la atención a reflexionar en torno a la narrativa oficial que atribuye este problema únicamente al crimen organizado y señaló que existen muchos casos donde estos grupos actúan con autorización y apoyo de las autoridades.

La respuesta en las últimas semanas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigente de MORENA, Luisa María Alcalde, ha sido intentar restar importancia a la problemática en sus gobiernos. Aunado a esto, el equipo de Sheinbaum señaló que un tercio de los 132 mil desaparecidos había tenido actividad después de que se reportara su desaparición (es decir, que su ausencia no tenía que ver con el crimen), y que otro tercio correspondía a registros con datos deficientes, por lo que no podrían considerarse como cifras oficiales.

Efectivamente, como lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum, la crisis de desaparecidos en México comenzó en el año 2006 en la época de “Calderón”.. De tener un total de 625 desaparecidos en todo el país en 2006, se pasó a un total de 3,014 en 2007, lo que representó un incremento del 380% en un solo año. Sin embargo, el salto mayor en la problemática se da en el gobierno de AMLO. En datos consultados el día de hoy,  de 2024, se cuentan aún con 12, 652 personas desaparecidas del total de 33, 559, la más alta en la historia hasta esa fecha. Del total de personas desaparecidas en 2025 ya en el gobierno de nuestra presidenta,  que son 36,070,  12, 35 personas siguen sin ser localizadas. 

Lo que más molesta de la postura del gobierno y su partido no es solamente la manera en que intentan limpiar los datos para quedar mejor parados, sino la falta de empatía hacia las familias y en el reconocimiento de que, al menos en este tema, las cosas nunca habían estado tan mal. Porque hay más de 100 mil familias que aún buscan a sus hijos, esposos, padres y hermanos sin saber su paradero. Sus vidas, desde el momento en que desaparecieron, están marcadas por la incertidumbre, la tristeza y la rabia de no saber dónde están. Y aunque fueran 30 mil, como intentan precisar, no es ni de cerca una cifra para decir que la crisis no existe; sigue siendo una cifra aberrante que destapa los más oscuros confines de una problemática de inseguridad sin precedentes en el país. Y que, lo más triste, no parece tener tregua, ni solución, ni fin.