Hace algunos días, un funcionario del estado de Sinaloa decidió participar en mis redes sociales, pero lo hizo de manera poco ortodoxa: en lugar de buscar resolver un problema, optó por polarizarlo aún más. No estuve de acuerdo con la forma de tomar decisiones en la dependencia para la cual trabaja el susodicho burócrata. Invité a otras personas que estaban igual de inconformes que un servidor a buscar la ayuda de un abogado y emprender acciones legales. Evidentemente, los abogados cobran; comenté que sería necesario hacer una cooperación para pagar la consultoría legal y actuar jurídicamente contra las decisiones del gobierno del estado.

El servidor público —y abogado de la institución— prefirió utilizar mis redes sociales para acusarme de que ellos estaban en lo correcto y que lo único que yo buscaba era hacer negocio con las personas afectadas por las decisiones gubernamentales. Poco o nada le importó al burócrata que le explicara que yo asumiría una parte importante de los costos legales. Su misión era desacreditar a quien manifestaba descontento contra sus designios divinos.

Diversos casos de persecuciones del régimen contra quienes se manifiestan por tener ideas diferentes o no estar de acuerdo con sus decisiones se presentan de manera más frecuente. El régimen asegura que hay libertad de expresión en México y afirma que los mexicanos podemos decir lo que queramos sin problemas o consecuencias. Al menos eso aparentan. En la práctica, las cosas son muy distintas.

El cantante de Molotov, actores, actrices, empresarios, jóvenes... No importa a qué sector de la sociedad pertenezcas. Ante cualquier crítica, el régimen responde con la intención plena de censurar. No desaparece publicaciones o notas; sin embargo, utiliza estrategias más agresivas para evitar que la gente se manifieste en contra. El gobierno y sus seguidores buscan desacreditar a cualquier persona que decida expresar una opinión. Utilizan la vieja consigna de destruir la reputación del mensajero. Aquel que se atreva a levantar la voz será víctima de las jaurías digitales y del erario para devorar las entrañas de cualquier resto de credibilidad que pueda tener quien no está de acuerdo. El miedo a ser ejecutado moralmente por el régimen se convierte en el arma más poderosa de la censura actual.

Esta táctica no es nueva, pero en la era digital ha alcanzado niveles de sofisticación alarmantes. Las “jaurías” no surgen de forma espontánea: son coordinadas desde cuentas oficiales, bots y perfiles falsos que inundan las redes con mentiras, memes difamatorios y campañas de desprestigio financiadas con recursos públicos. En mi caso, el funcionario no solo me acusó de lucrar con el dolor ajeno, sino que movilizó a sus aliados para amplificar el mensaje, convirtiendo un debate legítimo sobre políticas estatales en un linchamiento virtual. Lo irónico es que, mientras ellos gastan el erario en defender lo indefendible, exigen a los ciudadanos que ejerzamos nuestra libertad de expresión... siempre y cuando sea para aplaudir.

El daños de estas prácticas va más allá del individuo atacado: genera un efecto silenciador en toda la sociedad. ¿Quién se atreverá a denunciar irregularidades si sabe que el precio será su reputación, su empleo o incluso su seguridad? En Sinaloa, donde la violencia física ya es una amenaza latente, sumar la ejecución moral como herramienta de control estatal crea un clima de terror híbrido. Los ciudadanos terminan autocensurándose, no por miedo a la cárcel, sino por el pavor a ser convertidos en parias sociales. Esta es la censura del siglo XXI: no necesita desaparecer tu voz, basta con hacer que nadie quiera escucharla.

Peor aún, esta estrategia se ha institucionalizado. Dependencias gubernamentales contratan agencias de “gestión de crisis” que, en realidad, son fábricas de desprestigio. Utilizan datos públicos, filtraciones selectivas y hasta información privada para armar expedientes contra críticos. El caso del funcionario sinaloense no es aislado: se repite en todo el país, desde el ataque a periodistas que investigan corrupción hasta el hostigamiento a activistas que defienden el medio ambiente. La libertad de expresión que tanto presume el régimen se reduce a un permiso condicionado: puedes hablar, pero solo si estás dispuesto a pagar el costo de ser destruido públicamente.