El manejo de protocolos, tanto en el ámbito físico como digital y emocional, representa hoy un pilar en la gestión universitaria. Por ello la UAT mantiene una estrecha coordinación con autoridades de seguridad pública y protección civil, además de impulsar mecanismos tecnológicos que resguardan la información institucional y la tranquilidad de su comunidad. 

LO OSCURO. México parece haber llegado a un punto de quiebre político. El viejo sistema de partidos, construido con pactos, lealtades y complicidades desde mediados del siglo XX, se está desmoronando frente a los ojos de una sociedad cada vez más cansada. El PRI, que alguna vez fue sinónimo de poder absoluto, intentó transformarse y fracasó; las alianzas entre la oposición resultaron un parche sin ideología. Y Morena, la fuerza gobernante, es el reflejo de ese mismo modelo que decía combatir, con priistas reciclados y un discurso nuevo para viejas costumbres.

Las elecciones de 2024 marcaron ese punto de inflexión. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con más del 58% de los votos y un control casi total del Congreso. Lo hizo con un movimiento que prometía regenerar la política, pero que conserva las estructuras clientelares, el uso de recursos públicos y el poder concentrado en una figura presidencial fuerte. El PRI, el PAN y lo que quedaba del PRD no pudieron ofrecer una alternativa real; el último incluso perdió su registro por no alcanzar el 3% de la votación nacional, un hecho que cerró un ciclo de más de tres décadas desde su fundación en 1989.

El resultado de esta implosión es visible en los datos. El INEGI reporta que más del 80% de los mexicanos considera la corrupción algo frecuente en el país. La OCDE confirma que los partidos políticos son la institución menos confiable, con apenas 33% de confianza ciudadana y el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 colocó a México en el lugar 140 de 180 naciones, con una calificación de 26 puntos sobre 100. Todo ello describe un panorama de desconfianza crónica, donde el ciudadano ya no ve diferencias entre siglas, sino entre grados de impunidad.

En ese contexto, el gobierno en turno ha impulsado una de las reformas más polémicas; la elección directa de jueces y ministros, celebrada por primera vez en junio de 2025. La participación fue reducida -apenas un 13% del padrón-, pero se presentó como un triunfo democrático. Muchos analistas lo leyeron como una concentración de poder, un intento por controlar los contrapesos desde la legitimidad del voto. Es un síntoma más de un país que confunde participación con representatividad.

El problema no es de ideología, sino de sistema. Morena repite el patrón del PRI, centraliza, reparte y protege. El PAN, atrapado en su propia historia de tecnocracia moral, no logra conectar con una generación que ya no cree en los partidos tradicionales (sus administraciones ejecutivas ofrecieron las mismas cifras obsoletas de las que se quejaban). Y Movimiento Ciudadano, aunque se vende como opción fresca, no ha demostrado aún estructura ni profundidad nacional. En este escenario los ciudadanos empiezan a reaccionar; el voto nulo y el abstencionismo crecen; la conversación pública se traslada a redes sociales, donde la indignación sustituye a la propuesta.

¿Qué sigue, entonces? El siguiente paso no es crear más partidos ni rehacer alianzas entre los mismos de siempre. El paso evolutivo que viene será la competencia por la credibilidad, no por los colores. Las nuevas fuerzas políticas -si logran surgir- tendrán que mostrar transparencia auténtica, mecanismos de control ciudadano y candidaturas sujetas a auditorías públicas. El electorado del futuro no votará por programas abstractos, sino por indicadores de integridad como declaraciones patrimoniales, transparencia en campañas y rendición de cuentas digital.

México, ya no necesita un nuevo partido. Necesita una nueva forma de relación con el poder. El ciudadano de 2025 ya no espera líderes carismáticos, sino instituciones que funcionen. Si el sistema no se reinventa desde la transparencia y la fiscalización, la desafección social se profundizará. De aquí a 2027 el país podría enfrentar un escenario de hegemonía institucional, pero legitimidad frágil. Un gobierno fuerte en el papel, pero con una ciudadanía cada vez más incrédula y desconectada.

La autodestrucción del sistema de partidos no es el fin de la política; es la señal de que una generación entera dejó de creer en los intermediarios. El futuro de México dependerá de si esa desconfianza se convierte en cinismo o en exigencia. De si la rabia colectiva logra transformarse en una nueva forma de vigilancia cívica. Al final, la evolución política no será producto de una reforma más, sino del momento en que el ciudadano deje de delegar su poder y comience, por fin… a ejercerlo.