“La grandeza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que se cae”
Confucio, filósofo chino
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Hay crisis que se ven y otras que se esconden bajo tierra… hasta que revientan. Lo que ocurre en Tampico y Ciudad Madero no es un fenómeno aislado ni reciente; es la consecuencia acumulada de años de desgaste, omisiones estructurales y condiciones naturales adversas. Que el gobernador Américo Villarreal Anaya haya decidido intervenir de manera directa en el problema de los socavones revela la magnitud del desafío: el subsuelo del sur de Tamaulipas también se ha convertido en asunto de Estado. Los datos expuestos por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, son contundentes y preocupantes. Si en 2018 se registraron apenas siete hundimientos en todo el año, la cifra comenzó a escalar de manera alarmante: 44 en 2020, 125 en 2024, 268 en 2025 y 24 en lo que va de 2026. No se trata de una percepción ciudadana amplificada por redes sociales; es una tendencia estadística que confirma el agravamiento progresivo del problema. Cada socavón representa un riesgo vial y una señal de deterioro profundo en la infraestructura hidráulica. La presión ha recaído particularmente en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas. Su gerente general, Francisco González Casanova, lo definió con claridad: se trata de una crisis histórica, un reto de dimensiones inéditas que nunca antes se había enfrentado con esta intensidad. Reconoció, además, que solo mediante la coordinación y la gestión conjunta ha sido posible comenzar a responder a la emergencia. La primera etapa de intervención contempla una inversión estatal de 105 millones de pesos para atender 54 socavones prioritarios: 37 en Tampico y 17 en Ciudad Madero. No es una cifra menor ni un anuncio simbólico. Es el inicio de una estrategia que, de ejecutarse con rigor técnico, puede marcar un antes y un después en la región. La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, subrayó precisamente esa coordinación estrecha con Comapa Sur como pieza clave para avanzar con mayor eficacia. Por su parte, el alcalde maderense, Erasmo González Robledo, dimensionó la problemática al señalar que en su municipio existen hasta tres socavones por metro cuadrado, una expresión que grafica la gravedad del escenario. El suelo arenoso del sur, combinado con fugas, variaciones climáticas y presión urbana, ha cobrado factura. Pero más allá de la geología, lo que está en juego es la capacidad institucional para anticiparse, planear y reconstruir. Ciento cinco millones de pesos no borran décadas de rezago, pero sí representan un punto de inflexión político y administrativo. Hoy el reto no es solo tapar hoyos; es reconstruir confianza. Si el subsuelo reclama atención, las autoridades han respondido con inversión y coordinación. El tiempo dirá si esta estrategia logra estabilizar la tierra y devolver certidumbre a la superficie. Porque gobernar, en momentos como este, significa sostener lo que otros dejaron hundirse.
La insistencia del alcalde Armando Martínez Manríquez por consolidar un hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Altamira no es una ocurrencia reciente, sino una gestión que ha cruzado administraciones federales y que ya dio un primer resultado con la incorporación del Hospital General “Rodolfo Torre Cantú” al esquema IMSS Bienestar durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, el planteamiento de un nuevo nosocomio con 134 camas y 34 especialidades médicas representa un paso más ambicioso: no solo ampliar la infraestructura, sino transformar la capacidad de respuesta hospitalaria para la zona sur de Tamaulipas. La propuesta de donar un predio de cinco hectáreas y la coordinación con el delegado estatal, José Luis Aranza, muestran que el proyecto va más allá del discurso y se encamina hacia la viabilidad técnica y administrativa. De concretarse, el hospital beneficiaría a cerca de 80 mil derechohabientes, reduciendo traslados, tiempos de espera y saturación en otras unidades médicas. En una región con crecimiento industrial y demográfico sostenido, fortalecer la infraestructura de salud no es solo una promesa política, sino una inversión estratégica en bienestar y desarrollo social.
El papel de la senadora Olga Sosa Ruíz se perfila como determinante para que Tamaulipas avance hacia la electrificación total, al respaldar desde el Senado los proyectos estratégicos impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya. En sintonía con el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, la meta de alcanzar el 100% de cobertura eléctrica en el estado no solo implica ampliar infraestructura en una de las entidades con mayor capacidad instalada del país, sino también cerrar brechas sociales históricas en comunidades dispersas.
