Sumamente preocupados
Agustín Jiménez
Si recordamos que el Instituto Tecnológico de Altamira tiene más de 40 años en ese lugar y TERSA tiene 15, pues la cosa no puede estar más clara.
Este asunto aún tiene “tela para cortar” y es nuestra obligación como sociedad estar al pendiente. ¡Hasta la próxima!
Antes de entrar en materia, querido amigo lector, es mi obligación ofrecerle la más sentida de las disculpas debido a que no pude estar con usted el pasado miércoles y reconozco que es inadmisible el hecho de que este servidor haya faltado a la cita que cada tercer día celebramos usted y yo. Por razones que ya no tienen caso ser explicadas me fue imposible sentarme frente a la máquina para poder charlar y atenderlo como usted se merece. Reitero, mil perdones.
Le comento que en días pasados y por circunstancias del destino, tuve la oportunidad de coincidir con autoridades y representantes sindicales del Instituto Tecnológico de Altamira, los cuales me compartieron su preocupación en torno al evento que recientemente ocurriera a un costado de esa casa de estudios, me refiero al incendio del basurero de desechos hospitalarios de la empresa TERSA.
Me compartieron el sentir de ellos, asegurándome que existía una preocupación real por lo que pudiera ocurrir más adelante en torno a la salud de cada una de las personas que allí laboran y de los alumnos que, en este plantel, obtienen su formación profesional. Cada uno de los argumentos que este servidor tuvo la oportunidad de escuchar de viva voz, me parecieron sumamente sólidos y contundentes para que las autoridades en materia de protección ambiental y de riesgos sanitarios pongan manos a la obra.
En primer término, debemos reflexionar que la gran mayoría de la planta docente está formada en cuestiones ambientales, agrícolas, biológicas, edafológicas y de remediación y cuidado del entorno, con base en lo anterior y bajo la premisa de que “no se le puede enseñar el Padre Nuestro al cura”, los profesores han indicado en un documento cuáles son los resultados que esperan de un análisis profundo de los elementos en los que desarrollan su labor, principalmente aire y suelo.
De igual manera, en este oficio que giraron a Profepa solicitan se les asegure si hay algún riesgo en corto o largo plazo y que les indiquen cuáles son las medidas preventivas y correctivas que deben tomar para evitar cuestiones irremediables para su salud. Me llamó la atención que, en este apartado, me sostuvieron que desde hace quince años que se instaló TERSA en el lugar que ya conocemos, a la fecha, han aumentado en un seis por ciento anual las muertes por cáncer en la base trabajadora del ITA.
Este dato que le menciono en el párrafo anterior, ellos mismos lo habían pasado por alto y después del incidente lo han reflexionado. Asimismo, las autoridades de la escuela me sostuvieron que en todo momento han sido atendidos por la Dirección de Protección Civil, hasta donde la facultad administrativo-jurídica y la capacidad técnica y de recursos de esta dependencia le ha permitido para bienestar y tranquilidad del personal.
Este escritor tuvo la oportunidad de conversar unos instantes con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y allí me comentaron que, efectivamente, las investigaciones al respecto y la determinación de los niveles de contaminantes, así como la emisión de dictámenes y recomendaciones, son responsabilidad de ellos, por lo que están haciendo todo lo que está en sus manos para satisfacer a la brevedad la necesidad de información no solo del personal afectado en este instituto, sino también a los habitantes de las colonias aledañas.
Cierto es también que, el ITA, al ser una dependencia de carácter federal, la información de la situación que prevalece ha subido hasta los más altos directivos que ya tienen “el ojo” puesto sobre las determinaciones y acciones que vayan encaminadas al rápido saneamiento y remediación al ambiente, así como a la posible clausura definitiva de esta compañía o su reubicación a un lugar alejado de cualquier comunidad.
No me quedé satisfecho con la información ofrecida por ambas partes y busqué a un buen amigo, experto en materia jurídica, quien fue tajante en una reflexión elemental del derecho que nadie ha podido ni podrá desmentir: “Quien es primero en tiempo, es primero en derecho”, me afirmó.
Hoy, el Ayuntamiento de Altamira a través de la Dirección de Ecología está haciendo lo propio, la Dirección del ITA y su Delegación Sindical también, y hasta antes de cerrar la entrega de este día, me enteré de que los vecinos de Santa Amalia y los titulares de dos escuelas más emitirán sendos oficios con los que pretenden darle mayores razones a las instancias correspondientes para que tomen la decisión adecuada.
