El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2024.
Este programa del organismo autónomo mide “cómo la población percibe la seguridad pública en su ciudad”, y abarca 91 áreas urbanas consideradas de interés. En el caso de nuestro estado, la ENSU incluye a la ciudad de Tlaxcala, es decir, la capital y los municipios conurbados.
Evidentemente, las variaciones que esta encuesta arroja trimestralmente son motivo de análisis. Uno de ellos es que la ENSU mide la percepción sobre la inseguridad, no la situación de la inseguridad. Esto significa que permite conocer cómo se siente la ciudadanía en torno a la seguridad de donde habita, mas no determinar los niveles de seguridad basados en el comportamiento de indicadores y estadísticas comprobables.
De esta manera, encontramos que, a pesar de que 56.3 % de los encuestados se sienten inseguros según la ENSU, el índice delictivo de Tlaxcala es el más bajo del país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que ha confirmado esa posición por 23 meses, lo que la sitúa como la más segura del país.
El Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), lo explica bien al referir que “las percepciones de inseguridad de los ciudadanos son sustancialmente más altas que los niveles registrados de delitos y violencia”, porque las percepciones a menudo resultan estimuladas por la cantidad desproporcionada de atención que recibe la violencia en los medios, y en ese entendido, “los temores sobre la violencia pueden verse influenciados por las experiencias de primera y segunda mano que la gente tiene al respecto”.
Otro análisis es que los municipios han sido ineficaces en tareas de seguridad y proximidad ciudadana. La ENSU no mide la percepción de inseguridad en todo el estado, sino en la capital y su zona conurbada, y las primeras autoridades responsable de garantizar la seguridad son los ayuntamientos.
La Ley Municipal en la entidad indica, en su Artículo 57, que los ayuntamientos administrarán y reglamentarán, entre los servicios públicos y funciones que presten, los relacionados con seguridad pública y policía preventiva municipal. Además, la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado señala, en el Artículo 21, que los ayuntamientos, en materia de seguridad ciudadana, tienen 21 atribuciones que, en esencia, los obligan a garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes en el territorio municipal.
Ello implica la obligación de mantener el orden, la tranquilidad y la paz de los lugares públicos, de uso común, de acceso público o libre tránsito, como calles, parques, plazas, jardines, mercados, centros comerciales, centrales de abasto, espectáculos públicos, estacionamientos y demás de naturaleza similar, a fin de “proteger la integridad física de las personas, sus propiedades, derechos y libertades, así como sus derechos humanos”.
En tal sentido, el eslabón más débil de la cadena de seguridad en la entidad son los municipios, razón que explica el interés del gobierno estatal de invertir en tecnología y equipo de seguridad, de apoyar a las autoridades municipales en funciones a capacitar y fortalecer sus cuerpos de seguridad, y también a establecer, desde ahora, una relación de corresponsabilidad con los ayuntamientos entrantes en materia de seguridad.
Varios alcaldes salientes no pusieron empeño en ello. Ahí están los casos de Zacatelco y Xicohtzinco, donde opera el Mando Coordinado por el aumento de conductas delictivas; incluso, la capital del estado y sus alrededores, donde la percepción de inseguridad incrementó 9.5 puntos porque ha faltado más cercanía con la población: la gente se siente insegura en varios lugares públicos porque no aprecia la presencia de la policía municipal.
Ojalá las nuevas administraciones municipales tomen en cuenta este escenario para plantear acciones que incidan en la percepción ciudadana, y aprovechen la oportunidad que ofrece el gobierno estatal de hacer equipo para blindar al estado en materia de seguridad. Ciertamente, es una tarea compleja, pero el esfuerzo bien vale la pena.
