Por ello soy un convencido de que en los Poderes judiciales debe invertirse en la generación y uso de tecnologías; al mismo tiempo, deben adoptarse medidas para garantizar que la inversión en tecnología produzca valor público.
Me parece que este último es el gran reto de la justicia digital, superar las barreras de la pobreza tecnológica en zonas urbanas y la falta de recursos y educación digital en comunidades rurales.
Vivimos en un mundo rebasado por la tecnología, que ha propiciado nuevas formas de comunicación y entendimiento social. Hoy, las relaciones son en muchos casos impersonales, la gente se reúne a través de plataformas digitales, se vista en sitios web, conversa mediante videollamadas e intercambia información a velocidades antes impensables.
Si buscamos en la red global como se define la tecnología, encontraremos que “…en general, se refiere al conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que utiliza la humanidad para lograr un objetivo específico, generalmente para satisfacer necesidades, resolver problemas o mejorar la vida.”
Esta idea básica en realidad es reveladora; porque la tecnología está presente en cada actividad de los seres humanos, nadie puede ser ajeno a los procesos tecnológicos; precisamente, como señala la definición, debe favorecer la resolución de problemas cotidianos y ayudar a la satisfacción de las necesidades de las personas.
En el mundo del Derecho y la impartición de justicia no es distinto, la tecnología cada vez ocupa un lugar más importante en la actividad de los tribunales, acorta distancias entre autoridades, elimina las barreras del tiempo y el espacio, acelera los procedimientos, genera certeza en los trámites, favorece la transparencia y el acceso a la justicia.
La implementación de nuevas formas en la gestión de los procedimientos judiciales, la apertura a los sistemas de juicio en línea, el tribunal electrónico y el uso de inteligencia artificial, resulta la vía más adecuada para automatizar los procesos judiciales, disminuir gastos de operación, potenciar las capacidades institucionales y favorecer la justicia pronta y expedita.
No debemos ser ajenos a que el uso de tecnología, exige contar con sistemas de seguridad que eliminen riesgos, garantizando la protección de la información, la privacidad, la protección de datos y la no discriminación de usuarios, por lo que será imprescindible que, de cara al cierre del segundo cuarto de siglo, se privilegie la inserción de tecnologías para la impartición de justicia que garanticen la seguridad informática.
Otro reto que debe considerarse en aras de ampliar el espectro tecnológico en la labor de juzgar, —que hoy suele denominarse como “justicia digital”-, es la infraestructura y alfabetización digital, para que la tecnología se encuentre al alcance de todas las personas y su aprovechamiento sea uniforme, sin importar el lugar en que se haga uso de las herramientas, ni la escasez de recursos.
La mejor forma de hacer buen gobierno se basa en la corresponsabilidad, por ello, no solo los Poderes Judiciales deben contribuir a superar estas barreras y enfrentar mejor los desafíos que impone la era de la justicia digital, debe propiciarse un trabajo conjunto de todas las autoridades y por supuesto de la sociedad civil organizada.
En ello propongo: ampliar las redes y plataformas digitales de alimentación y uso común con otros Poderes Judiciales y autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como de organismos autónomos; migrar todos los procedimientos judiciales y administrativos a esquemas “0” papel; incentivar el desarrollo de aplicaciones móviles para recibir los servicios de justica, priorizar audiencias virtuales, generar programas de capacitación digital en zonas rurales y marginadas, celebrar convenios marco con empresas de telecomunicaciones, impulsar proyectos sociales para la adquisición de tecnología básica y generar programas que utilicen algoritmos de automatización basados en datos y precedentes legales para consulta de resoluciones, normativa y estadística; en suma, para propiciar una política de datos abiertos.
Sin duda, ampliar la red de tecnología y masificar su uso empodera a las personas y a las instituciones; sobre todo, acerca las posibilidades de satisfacer necesidades, pero también genera riesgos, los que deben enfrentarse con las mejores decisiones y en corresponsabilidad, para que el acceso a la justicia no sea de unos cuantos.
