El objetivo del actual régimen no es tener gobiernos progresistas e instituciones sólidas e independientes, sino concentrar el poder sin importar los medios.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
juancuencadiaz@hotmail.com
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Este afán absolutista se manifiesta de diversas formas, y una de ellas es la consigna de nombrar en los cargos públicos a personas dóciles, cuya lealtad esté garantizada en un 90 por ciento o más y el resto en capacidad y experiencia. Ahora, la carencia de atributos morales y profesionales es algo bastante generalizado, y es el origen de muchas decisiones equivocadas, en perjuicio de los derechos y del bienestar de la población.
A consecuencia de esta mala costumbre se padecen liderazgos mediocres, sin ideas ni vocación de servicio, incapaces de resolver los problemas y de estructurar administraciones de logros permanentes. Obviamente, los pésimos resultados se maquillan y las mentiras son lo típico del discurso oficial, al disfrazar de grandes éxitos los caprichos y ocurrencias de los prototipos de la frivolidad y la ineptitud.
Con el mismo propósito totalitario los contrapesos se han capturado o han sido eliminados, y ya no existen las entidades con la fuerza suficiente para evitar el desastre. Los supuestos funcionarios todo acatan sin cuestionar nada; el fanatismo y la sumisión se imponen, aunque a los asuntos de la vida pública no se les de la atención requerida, y se desprecie esa cualidad humana llamada dignidad, vinculada al deber moral de cumplir una determinada función con inteligencia, autonomía y honradez.
Desde esa actitud dogmática y lisonjera de tanto cortesano, es imposible oponerse a un estilo de gobernar caracterizado por la soberbia, el autoritarismo y la falsa creencia de sentirse infalible. La orden es complacer al iluminado con aplausos y alabanzas, e ignorar o justificar las diarias denuncias de violencia e inseguridad, derroche, corrupción e injusticias; los graves daños a los sistemas de salud y educativo, y los ataques a la libertad de expresión.
Por eso, continúan gozando de impunidad los autores de esa gran cantidad de acciones irracionales y altamente perjudiciales a la nación, entre las cuales se cuentan la cancelación del aeropuerto de Texcoco, las obras costosas e inútiles de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, con la criminal destrucción de la selva, de cenotes y ríos subterráneos, aunado a la política de abrazos a los grupos delictivos y el pavoroso incremento de la deuda externa. Y qué decir de los miles de fallecimientos debido al pésimo manejo de la pandemia por el Covid-19, o el desabasto de medicamentos, causante de otras tantas tragedias, particularmente de los niños con cáncer.
Pero la intención sigue firme, y el próximo lunes rendirán protesta las y los integrantes del nuevo Poder Judicial, cuya elección la pidieron anular dos de los magistrados del Tribunal Federal en la materia, Janine Otálora y Reyes Rodríguez, al considerar que, según las evidencia aportadas incluso en carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía respectiva, sí hubo una operación premeditada e intencional para distribuir en todo el país guías de votación ilegales, con la intervención de partidos, funcionarios y gobiernos, en el formato conocido como acordeones. Sin embargo, la presidenta y los dos magistrados restantes impusieron su mayoría y con argumentos absurdos desecharon la solicitud.
Ante un México desunido, una parte indolente o anestesiada por las mentiras y las migajas de las pensiones, la otra debiera ser consciente de las humillaciones y de la necesidad de luchar contra el despotismo, los fraudes a la Constitución y el desprecio a la democracia y a la división de poderes.
