El pasado 22 de enero, el Presidente López Obrador anunció que gobiernos y empresas particulares podrían gestionar la compra de vacunas contra el Covid-19 y presentar, ante la Secretaría de Salud su intención presentando requisitos mínimos como: un contrato de adquisición de una farmacéutica autorizada, fecha de entrega de la vacuna, lugar y población a inmunizar. Desde entonces, el mandatario reconoció que “estaría muy difícil que pudiesen adquirir la vacuna, debido a la escasez internacional”. El anuncio fue muy bien recibido por agrupaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, quienes dijeron estar dispuestos a comprarla, pero hasta hoy, no han tenido éxito en su intención.

En la segunda semana de marzo, de todos fue conocido que personal del Ejército y de la Administración General de Aduanas, decomisaron más de 5 mil dosis falsas de la vacuna Sputnik V en una aeronave privada que se dirigía a Honduras desde el Aeropuerto de Campeche; los tripulantes pertenecían en su mayoría a Grupo Karim’s, empresa de Mohamad Yusuf Amdani, uno de los hombres más ricos de Honduras.

El empresario Yusuf Amdani, consiguió el biológico y sin dar aviso a las autoridades, vacunó a más de 2,000 empleados que laboran en las empresas de su consorcio —Grupo Karims— en Campeche. Lo grave, es que hasta el día de hoy, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios no ha presentado estudios sobre la sustancia con la que fueron inoculadas estos trabajadores.

Este hecho es un escándalo internacional, pues el Fondo Ruso de Inversión Directa, responsable del financiamiento de la Sputnik-V, dijo que tras analizar las fotografías del decomiso, todo parecía indicar que era una sustancia falsa, pues el diseño de los contenedores y de las etiquetas no correspondían a su vacuna y que además, no contenían los códigos de lectura electrónica QR que permiten su rastreo.

Resulta preocupante que absolutamente ninguna autoridad sanitaria federal, verificó la vacuna supuestamente adquirida por Grupo Karims, nadie revisó en nuestras aduanas que las vacunas fuesen las originales y se le aplicaran a mexicanos. Pareciera que la corrupción sigue presente en las fronteras nacionales y que no hay un protocolo de identificación previa de los biológicos que entran al país. Lo inédito, es la respuesta de los responsables del Programa Nacional de Vacunación y de COFEPRIS, que siguen sin esclarecer lo ocurrido, ni sancionar a los responsables, quienes por cierto, desaparecieron del país, burlando la vigilancia policial y a las autoridades migratorias.

Es grave que nuestras autoridades no se hagan cargo de un crimen de lesa humanidad, pues desde 2013 derivado del encuentro internacional de la Organización Mundial de Aduanas que se llevó a cabo en Panamá, el tráfico de medicamentos falsos o adulterados es un crimen de este tipo.